El diputado del Partido Verde, Edgardo Hernández, denunció hoy durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado que la delincuencia organizada ha cobrado la vida de 229 potosinos en lo que va del año, mientras que el Covid-19 suma apenas 34.
Hernández Contreras dijo que este jueves, en territorio potosino, amanecimos con 13 muertos en la contabilidad del crimen organizado, más 17 del fuero común; lo que da un total de 30 en lo que va del mes y 229 en este 2020.
El legislador exigió al gobernador Juan Manuel Carreras que pida la renuncia del delegado de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Hernández Limón, en San Luis Potosí y la implementación de programas efectivos que permitan combatir la violencia rampante en la entidad.
Hérnandez Limón solo sirve de adorno y para cobrar, aseveró el diputado Edgardo, al solicitar que venga una persona que si quiera trabajar, por que la venta de droga sigue en aumento, así como el huachicol, tanto la venta como el transporte, sin que nadie haga nada.
De acuerdo con los números del diputado, la delincuencia organizada cobra 300% más de vidas que el coronavirus, catalogado como pandemia, eso sin contar robos de vehículo, a casa habitación, comerció, transporte y a transeúntes.
Ya encarrerado, Hernández Contreras también arremetió contra el Ayuntamiento de la capital que preside Xavier Nava, porque no pueden prevenir a la delincuencia común. Pidió la renuncia del inamovible Edgar Jiménez Arcadia porque no tiene el perfil para ocupar el cargo, mientras que la ciudadanía está a merced de la delincuencia.
Del secretario de Seguridad Pública del Estado, reiteró que no sabe nada de seguridad pública y de política criminal. Criticó su permanencia en el cargo y lamentó que su padrino, el secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, se empeñe en mantenerlo en el puesto.
En cuanto a la Fiscalía General del Estado, reprochó que se niegue el servicio médico a policías y ministerios públicos, en especial a los dos agentes que se infectaron con coronavirus en Tamazunchale. Demandó que se les garantice la atención médica, a la que tienen derecho como cualquier trabajador, ya que para que se les atienda deben depositar 10 mil pesos en cualquier institución, lo que no es justo.
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