Unos 100 ejidatarios afectados acusan a autoridades de pretender robarles tres mil hectáreas de uso común para favorecer a fraccionadores, industriales, algunos políticos y hasta a un aspirante a gobernador, pero advirtieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo: «No se dejen» por lo que estarán recurriendo a todos los recursos legales para defender su propiedad.
Los afectados se manifestaron hoy a las puertas del Tribunal Unitario Agrario para exigir al magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco que acate la orden de un juez de amparo que le instruye para que dicte una medida precautoria que blinde los terrenos de los dueños originales, toda vez que el actual comisariado inventó una asamblea para apropiarse de 160 hectáreas y otorgar manojos de 10, 15, 20 y 30 hectáreas a empresarios como Héctor Gómez Valle, Toño Lorca y otros.
Estos empresarios y el comisariado ejidal Pedro Adrián Martínez López pretenden fraccionar y, en complicidad con el presidente municipal Xavier Nava, cambiar el uso de suelo de agrícola a industrial, lo que les impediría criar ganado y cultivar diversos productos. Aseguran que, por ley, no se pueden vender las áreas de uso común sin un proceso que implica asamblea de ejidatarios, dictámenes de impacto ambiental, destino que darán a las tierras, pero en los últimos 20 años, tanto a las autoridades como a inversionistas, les ha valido la ley.
Encabezados por Mayolo Zárate, dijeron que sus tierras están a expensas de la rapiña de diversos grupos de poder ya que se trata de tres mil hectáreas de uso común que «nos quieren robar». Reconocieron que podría haber compradores de buena fe pero que, quienes les venden, lo hacen de mala fe porque saben que se trata de una estafa.
Durante la manifestación también habló el activista Michel Hernández quien aseguró que el Ejido La Pila, ubicado en la zona industrial más próspera de San Luis Potosí, está bajo el acoso inmobiliario y acusó al presidente municipal, Xavier Nava, de ser cómplice corrupto de los empresarios, al tiempo de advertir que si el IMPLAN se atreve a cambiar el uso de suelo, el edil y el titular del instituto, Fernando Torre Silva, serán acusados de usurpación de funciones y otros delitos.
Por su parte, Tobías López Delgado, ex comisariado ejidal, dijo que el Tribunal Agrario, la Procuraduría Agraria y todas las instancias que tienen que ver con la justicia en esta materia cometen actos de corrupción, comenzando por el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco. Según este ejidatario, les ha dicho que no puede proceder para cumplir la orden de un juez de amparo que instruye a proteger las tierras y sus dueños originales porque el gobernaodr los presiona mucho, pero advirtió que de no proceder será objeto de una demanda porque no se van a dejar que les roben sus tierras. Sostiene que tienen contacto directo con el presidente López Obrador y que, él mismo, les ha dicho que no se dejen, que demanden la magistrado.
En el Ejido La Pila, dice Tobías López, «los empresarios compran a peso el metro cuadrado y lo venden a mil. Ahí está el botín, somos un botín para los desarrolladores, los industriales y los políticos.
En los últimos años, el valor de la tierra en esa zona delegacional de la capital potosina se ha disparado por completo. Hasta hace poco no se conocía de un conflicto tan abierto, pero ahora, este se suma a la larga lista de problemas que se viven en la zona y que tienen que ver con los malos manejos de diversas autoridades.
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