
Ciudad Valles, S.L.P. – La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí acumula omisiones graves en la atención a mujeres víctimas de violencia de género. El caso más reciente es el de Manuelle, una joven vallense que sobrevivió a un brutal intento de feminicidio, a pesar de que su agresor tenía 14 carpetas de investigación abiertas por violencia familiar y robos. La dependencia lo mantiene en libertad, dejando a la víctima y a su familia en un riesgo permanente.
La violencia contra Manuelle no es un hecho aislado. Apenas hace unos meses, en el municipio de Axtla de Terrazas, una mujer fue asesinada en circunstancias que evidencian la falta de respuesta efectiva de las autoridades. En ambos casos, la intervención de vecinos y familiares ha sido la única barrera entre la vida y la muerte, mientras que la Fiscalía permanece indiferente.
La madre de Manuelle denunció que, incluso al acudir a la delegación en Valles, funcionarios se negaron a revisar a la menor hija de la víctima, quien mostraba signos de violencia. “¿Qué esperan las autoridades? ¿Que maten a mi hija o a mi nieta? La Fiscalía no escucha, no protege y no actúa”, reclamó con desesperación.
Estas omisiones dejan claro un patrón: la Fiscalía no atiende denuncias con prontitud ni garantiza medidas de protección, obligando a las víctimas a exponer públicamente sus casos para que se les tome en cuenta. El silencio institucional frente a la violencia no solo revictimiza, sino que se convierte en complicidad con los agresores.
Mientras los expedientes se acumulan en los escritorios y los delincuentes permanecen libres, las mujeres en San Luis Potosí siguen siendo asesinadas, golpeadas y amenazadas sin que la Fiscalía cumpla con su deber más básico: proteger la vida.
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