El presidente municipal, Xavier Nava Palacios, la síndico, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, y los regidores que integran el cabildo capitalino podrían ir a la cárcel, ser destituidos e inhabilitados por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado que violenta los derechos y la propiedad de los ejidatarios de Rancho Viejo «La Libertad», sobre cuyos terrenos se construye el puente vehicular «Bulevar Rocha Cordero-Españita-Industrias-Carretera 57», amparo que fue concedido de plano por la jueza Laura Coria Martínez; consideró el diputado y abogado Edgardo Hernández Contreras.
En un análisis realizado por el legislador, encontró que el amparo concedido a los ejidatarios está debidamente fundamentado, toda vez que, el presidente municipal, Xavier Nava, realiza la construcción de un puente sin haber indemnizado o llevado a cabo algún procedimiento de expropiación, lo que constituye, en sí, un crimen.
Estimó que es de suma gravedad el desacato cometido por el Ayuntamiento de la Capital pues las consecuencias pueden ser la destitución del alcalde y todos los integrantes del Cabildo, además del director de Obras, el consentido Marco Antonio Uribe, del tesorero Rodrigo Portilla Díaz, del contralor José Mejía Lira y demás funcionarios implicados.
El diputado destacó el valor de la jueza, Laura Coria, y su mano firme para hacer valer la ley y los derechos de los ejidatarios de Rancho Viejo «La Libertad», a todas luces agraviados.
Por otra parte, Hernández Contreras consideró que la Auditoría Superior del Estado debe intervenir y, en su caso, anular la licitación de la obra pues la construcción corre a cargo del hijo del secretario de Obras del Estado, Leopoldo Stevens Amaro, y considerando que parte del financiamiento procede de recursos estatales, queda claro que, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno del Estado, incurren en la comisión de hechos con apariencia de delito como lo son tráfico de influencias, peculado, ejercicio indebido de la función pública y conflicto de intereses.
De acuerdo con documentos en poder de CódigoSanLuis.com, el Ayuntamiento de la Capital no sólo violentó los derechos de los ejidatarios, sino que mintió a la jueza al momento de reportar de manera oficial que el acto, por el cual la justicia federal protege a los ejidatarios, es falso.
Como en Alicia en el País de las Maravillas, el alcalde Xavier Nava, su equipo y su cabildo, están metidos en un berenjenal.
