San Luis Potosí enfrenta una grave crisis de impunidad en los delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes. De acuerdo con datos recopilados por la Red Libres -Compuesta por organizaciones civiles como Apoyare A.C., Shakti, M’im T’sabal A.C, Perteneces, Justicia e Igualdad A.C., Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad, Otra Oportunidad A.C. y muchas otras-, entre enero de 2019 y marzo de 2025 se abrieron 549 carpetas de investigación por abuso sexual y violación contra menores en la zona metropolitana, pero solo dos fueron judicializadas y únicamente una culminó en sentencia condenatoria.
Del total de casos registrados, 453 ocurrieron en la capital potosina y 96 en Soledad de Graciano Sánchez. El año 2024 marcó el pico más alto con 129 carpetas abiertas en esta región. En lo que va de 2025, se reportan 19 nuevas investigaciones.
El panorama es igual de preocupante en los entornos escolares. Desde 2019 se han iniciado 55 carpetas de investigación por agresiones sexuales cometidas en escuelas, de las cuales únicamente siete han sido judicializadas y resueltas, lo que refleja un rezago superior al 85 por ciento.
A pesar de que la cifra de denuncias ya es alarmante, activistas y especialistas advierten sobre una “cifra negra” aún mayor, resultado de múltiples factores que dificultan el acceso a la justicia para las infancias. Entre ellos destacan la falta de una justicia con enfoque en niñez, la normalización de la violencia sexual, la carencia de educación integral en sexualidad y la desconfianza en las instituciones.
Las organizaciones también alertaron sobre la persistencia de uniones tempranas y embarazos forzados, muchas veces vinculados con situaciones de violencia sexual, pobreza y abandono institucional. A nivel local, se estima que cada año ocurren alrededor de 10 mil nacimientos, de los cuales al menos el 35 por ciento corresponden a madres menores de edad, en rangos que van de los 13 a los 17 años.
En respuesta, colectivos feministas y defensoras de derechos humanos han conformado la Red Libres, una iniciativa que busca visibilizar esta problemática y exigir políticas públicas con enfoque de derechos humanos, así como el fortalecimiento de mecanismos de prevención, atención y justicia para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en el estado.
Seguiremos informando
