Integrantes del Comité Comunitario de la localidad El Polocote de Arriba denunciaron que el tiradero municipal de Venado, ubicado sobre el libramiento Charcas–Venado y la carretera a El Polocote de Arriba, ha operado durante aproximadamente 16 años sin una regulación adecuada por parte del Ayuntamiento, lo que ha generado riesgos sanitarios para habitantes del municipio y comunidades cercanas.
De acuerdo con los denunciantes, el basurero se localiza a tan solo 700 metros de un ojo de agua, lo que incrementa el riesgo de contaminación. Además, señalaron que el sitio registró un incendio que se prolongó por más de seis meses, periodo durante el cual continuó recibiendo residuos sólidos, provocando emisiones constantes de humo que afectaron directamente la salud y calidad de vida de la población.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó estos hechos tras realizar diligencias de campo y un análisis técnico, determinando que el Ayuntamiento de Venado incurrió en omisiones al no implementar medidas de prevención y protección oportunas para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano. El organismo defensor de derechos humanos subrayó que el medio ambiente es un bien público de carácter colectivo, cuya afectación impacta a toda la comunidad, por lo que su protección debe ser asumida como una responsabilidad prioritaria por las autoridades.
Derivado de la investigación, la CEDH emitió la Recomendación 10/2025 al Ayuntamiento de Venado por incumplir los programas de ordenamiento ecológico y protección ambiental. Entre los puntos recomendatorios se establece la implementación de acciones para mitigar la contaminación generada por el relleno sanitario, el diseño de una normativa adecuada para el manejo y destino final de los residuos, así como la capacitación del personal del área de Ecología en materia de derecho a un medio ambiente sano.
Asimismo, se solicitó que la Secretaría General del Ayuntamiento dé vista al Cabildo para que analice la recomendación y determine si procede informar al Congreso del Estado sobre las acciones y omisiones detectadas. La CEDH reiteró su compromiso con la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano y con la vigilancia permanente del actuar de las autoridades, a fin de garantizar condiciones de vida digna para los habitantes del estado.
