Haciendo uso de sus vínculos como influyende abogada de la UASLP, Urenda Navarro Sánchez, desplegó un nuevo episodio de maldad buscando mermar la estabilidad de la máxima casa de estudios en un intento por sabotear, por segunda ocasión, la elección de director de la Facultad de Derecho proyectada para el próximo 17 de Diciembre.
A través de su amigo incondicional, Edgar Durón, de triste memoria como funcionario público, presentaron un amparo contra la elección de la terna que seleccionó el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, integrada por Javier Delgado Sam, Lucy Lastras y Georgina González.
Durón logró una suspensión provisional en el juzgado sexto de distrito encabezado por una “amiga” de Navarro Sánchez, la jueza, Aracely del Rocío Hernández Castillo; Arturo Itzcoatl Hernandez Garcia es el secretario.
Edgar Durón Puente se dijo “excluido” por la selección de la terna que escogió el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. Durón, no es su padre, no es brillante como su progenitor, así que no entregó completa la documentación y es hasta ahora, inmerso en el proyecto de Urenda Navarro como aspirante a la rectoría que salió a razgarse las vestiduras.
Urenda y Durón quisieron torcer las disposiciones que establece el estatuto orgánico en su capítulo X en el que habla de las direcciones. Robustecida por diputados de MORENA (fue candidata a diputada federal plurinominal por ese partido en el 2015) y, presuntamente, impulsada por el subsecretario de gobernación, Juan Ramiro Robledo Ruiz, la abogada de la UASLP quiere apoderarse de la dirección de la facultad por la buena o por la mala.
En esa voracidad se ha atrevido a tocar la puerta del secretario general de gobierno para convertirse en caballo de troya. Ella informa de todos los movimientos del rector, Alejandro Zermeño y, a cambio, tiene la promesa de que será rectora.
El sabotaje busca generar una nueva crisis de gobernabilidad a la UASLP. Si no se elige director la Facultad queda en el limbo, acéfala. Abogados consultados por este felino aseguran que el rector no tiene facultades para designar una nueva terna y mucho menos para imponer director. El estatuto es claro (artículo 82).
Urenda Queletzu juega con fuego, sabe que tiene la voluntad del rector, le habla al oído y su canto le ha endulzado para que le permita colocar por lo menos 10 personas en lugares estratégicos, entre ellos algunos miembros del Consejo Directivo Universitario.
Sin escrúpulos, la abogada de la UASLP mueve sus piezas, expande sus tentáculos, pero de manera obscena, sin estrategia que le permita ganar la simpatía de la comunidad que busca que la máxima casa de estudios tenga en el futuro a una mujer como rectora.
El punto de quiebre está a la vista: o el Consejo Directivo Universitario hace respetar el estatuto o todos serán responsables de la crisis a la que los lleva la abogada general.
Este felino les contará la crónica de los episodios por venir. ¡¡Miauuuhhh!!
