San Luis Potosí, S.L.P.- Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunciara los resultados de las candidaturas a puestos del Poder Judicial, hubo muchas impugnaciones debido a que, muchos de los participantes no cumplieron con la totalidad de los requisitos que exigió el INE. En el caso de San Luis Potosí, una jueza y una magistrada fueron despojadas de su triunfo por estos motivos.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió invalidar la designación de María Concepción Castro Martínez como magistrada en el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito con sede en San Luis Potosí, al comprobarse que no cumple con uno de los requisitos esenciales para el cargo: contar con un promedio mínimo de 8.0 en su formación académica.
El órgano electoral federal determinó que, en lugar de repetir la elección, se debía respetar la voluntad expresada en las urnas mediante la aplicación del principio de conservación de actos públicos válidos. Por ello, asignó la magistratura a la segunda persona más votada, Sheila Taideth Díaz Colín, quien sí cumple con todos los requisitos constitucionales para ejercer el cargo.
La resolución responde a un juicio promovido por Díaz Colín, quien impugnó la entrega de la constancia de mayoría a su contrincante, pese a su inelegibilidad. El TEPJF coincidió con los argumentos presentados y estableció que en estos casos debe respetarse la votación ciudadana sin necesidad de repetir el proceso, siempre que exista una alternativa válida entre las candidaturas participantes.
Con esta decisión, el INE deberá emitir la constancia de mayoría a favor de Sheila Taideth Díaz Colín, quien asumirá la magistratura en materia mixta del Noveno Circuito en San Luis Potosí. La sentencia marca un precedente importante en los procesos de elección judicial, especialmente cuando se presentan casos de inelegibilidad posterior a la jornada de votación.
Por otro lado, el INE canceló el registro de Verónica Pilar Castillo Nieto como jueza de primera instancia en San Luis Potosí, luego de que se confirmara que no presentó su informe de gastos de campaña, una obligación legal fundamental en las elecciones judiciales.
La resolución se basó en un dictamen de la autoridad fiscalizadora, en el que se concluyó que la excandidata no cumplió con las responsabilidades establecidas en la normativa electoral. Esta omisión llevó a dejar sin efecto su nombramiento, pese a haber resultado electa en el pasado proceso electoral.
El caso de Castillo Nieto no sería el único en revisión. El INE analiza otras situaciones similares en la entidad y en diferentes puntos del país, donde candidatos podrían perder su registro por no cumplir con sus deberes en materia de fiscalización.
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