San Luis Potosí, SLP.– Tres funcionarios estatales fueron oficialmente inhabilitados por su presunta responsabilidad en las omisiones que derivaron en el accidente del antro Rich, ocurrido el 7 de junio de 2024, donde dos jóvenes perdieron la vida.
Las sanciones fueron confirmadas por la Contraloría General del Estado, que determinó la destitución de servidores públicos adscritos a la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección de Gobernación del Estado y la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris). Estas dependencias habrían fallado en su deber de supervisión y cumplimiento de normas en el establecimiento siniestrado.
El dictamen fue turnado a instancias judiciales y también se notificó directamente al padre de una de las víctimas mortales. La resolución de la Contraloría es definitiva, independientemente de otras acciones legales o administrativas que los implicados pudieran enfrentar.
La administración estatal señaló que, si bien asumió la parte que le corresponde en el ámbito de su competencia, recae una mayor responsabilidad en el Ayuntamiento de la capital, ya que es esta instancia la que autoriza la operación de los negocios y es responsable de verificar las condiciones de seguridad de los inmuebles.
Desde diciembre de 2024, la Contraloría del Estado había emitido un fallo con carácter firme y lo hizo del conocimiento de la autoridad municipal, a fin de que también se realizara una revisión interna a profundidad sobre el otorgamiento de permisos y la vigilancia de los establecimientos.
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