Ciudad Valles, S.L.P. — El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros alzó la voz contra la omisión del Gobierno de San Luis Potosí al no crear la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas, pese a que el plazo de 90 días que marcaba el decreto constitucional ya venció.
Lupita Mendiola, integrante del colectivo, explicó que este mandato no es una concesión política ni una promesa incumplida, sino una obligación legal que el Estado está desatendiendo. “Ya no es porque nos manifestemos o metamos amparos; ahora es obligatorio. El decreto ya venció y si no cumplen, habrá sanciones federales”, recalcó.
Recordó que el pasado 10 de mayo se interpuso un amparo en el Congreso del Estado para obligar a la creación del organismo, pero hasta ahora no se ha concretado, a pesar de que existen recursos humanos y materiales suficientes. “En San Luis hay más de 40 empleados en la Fiscalía de Atención a Personas Desaparecidas; en Zacatecas apenas tienen 8 y ya cuentan con una fiscalía especializada. Aquí lo que falta es voluntad de cumplir la ley”, denunció.
Mendiola destacó que contar con una Fiscalía especializada representa un avance crucial para las familias, pues dejaría de recaer en ellas la carga de realizar búsquedas y procesos legales que corresponden al Estado. “Ya no queremos que nos den atole con el dedo, ahora la ley obliga”, sentenció.
En este contexto, informó que la recién nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo, podría visitar San Luis Potosí en noviembre, y que a nivel federal ya iniciaron las auditorías a los estados para verificar el cumplimiento de este mandato.
“Las familias hemos hecho nuestra parte, pero ahora es el Estado el que debe responder. No hay pretexto: hay recursos, hay personal y hay un mandato constitucional que debe cumplirse”, remarcó la activista.
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