La tarde de este lunes, los Gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato informaron sobre los avances que han tenido resultado de la reciente firma de convenio de seguridad entre ambos Estados. Con el fin de impulsar tareas coordinadas y hacer frente a la delincuencia organizada de ambos territorios.
En el lugar, se reunieron el secretario general del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez; la fiscal General del Estado de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí. Por su parte, del Gobierno de Guanajuato asistieron Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario del Gobierno de Guanajuato; Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general de Guanajuato y Juan Mauro González, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato.
Producto de los primeros acercamientos entre ambos estados se determinó que las principales acciones de cooperación estarán dirigidas en labores de inteligencia, así como de proximidad social, búsqueda de personas, operativos de prevención y reacción a la delincuencia organizada. Con esto se busca que ambos gobiernos puedan robustecer carpetas de investigación que permitan emitir órdenes de aprehensión contra activos criminales en ambos territorios del país.
Con éstas acciones se busca beneficiar a municipios de San Luis Potosí como Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierranueva, Rioverde y San Ciro de Acosta; mientras que, los municipios de Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Victoria y Xichú serán los blindados en Guanajuato.
Los delincuentes no tienen fronteras, aseguraron autoridades del territorio vecino, por lo que reconocieron la necesidad de trabajar en conjunto para que éstas personas no se puedan beneficiar de la ley y seguir realizando sus actividades criminales.
Producto de estas acciones, autoridades potosinas afirmaron que a corto plazo se definirán estrategias de operativos concretos -esto durante la mesa de seguridad que se celebrará en Silao, Guanajuato-; a mediano plazo se prevé que se reduzcan los márgenes de operación de los grupos criminales y, a largo plazo se puedan generar entornos más seguros para la inversión, el turismo y el trabajo en ambas entidades federativas.
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