El Paquete Económico 2026 aprobado por la Cámara de Diputados encendió las alarmas en San Luis Potosí, luego de que se confirmara un drástico recorte federal a los recursos destinados al sistema estatal de salud. De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal, la reducción afecta directamente al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASA), del cual depende el pago de personal, insumos y operación de IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud estatal.
La legisladora advirtió que la disminución alcanza un 53 por ciento, lo que coloca a San Luis Potosí entre los estados más golpeados por la política presupuestal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según dijo, esta decisión federal deja al sistema sanitario potosino en una situación delicada y obliga al gobierno estatal a asumir gastos que no le corresponden para evitar que hospitales y centros de salud colapsen.
Azuara señaló que el recorte no solo impactará la operación cotidiana del sector, sino también programas indispensables, como los relacionados con salud materna, cuyo deterioro ya se refleja en el aumento de la mortalidad en los últimos años. Aun así, la Federación decidió disminuir recursos clave mientras mantiene centralizada la compra y distribución de medicamentos, un esquema que —según la diputada— ha generado desabasto y ha dejado a los estados sin herramientas para responder a las necesidades de la población.
La legisladora subrayó que, ante esta política restrictiva, el gobierno de San Luis Potosí ha tenido que sostener áreas que el Gobierno de México ha abandonado, tanto en salud como en seguridad. En este último rubro, recordó que el Ejecutivo estatal ha asumido la compra de patrullas y el incremento salarial de policías, mientras que en salud ha destinado recursos adicionales para compensar la falta de apoyo federal.
Azuara advirtió que la reducción presupuestal también golpeará directamente al personal médico y de enfermería, pues el FASA financia parte de sus nóminas. Además, lamentó que, a pesar de que la reforma al artículo 123 para garantizar salarios dignos a trabajadores del sector ya fue aprobada por todos los congresos del país, el Senado mantiene detenida su publicación, lo que impide que entre en vigor.
La diputada calificó como “inexplicable” que el Gobierno Federal mantenga recortes continuos en un sector tan sensible como la salud pública y sostuvo que la decisión de Sheinbaum representa un castigo directo para San Luis Potosí y para los trabajadores que sostienen el sistema sanitario. Pese a ello, afirmó que el gobierno estatal seguirá absorbiendo gastos para evitar que la población quede desprotegida ante la falta de apoyo federal.
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