La Fiscalía General del Estado presumió este martes una sentencia de 8 años y 8 meses de prisión contra Matías “N”, responsable del ataque sexual cometido en 2023 contra una niña de la comunidad de Tancuime, Aquismón. Sin embargo, este fallo resulta insuficiente, tardío y doloroso, después de más de un año de negligencia institucional, retrasos y omisiones que mantuvieron al agresor en libertad durante meses.
La resolución fue obtenida mediante un procedimiento abreviado, figura que reduce tiempos procesales y que, en la práctica, permite sentencias más bajas a cambio de una admisión de culpabilidad. El resultado: menos de nueve años de prisión para un delito que devastó la vida de una niña y su familia.
Un caso marcado por la indiferencia institucional
El ataque ocurrió el 19 de mayo de 2023, pero desde que la madre presentó la denuncia —diez días después— inició un recorrido lleno de obstáculos impuestos por la propia institución encargada de procurar justicia.
La menor fue enviada a tres valoraciones médicas distintas porque la Fiscalía desechó los primeros estudios, pero aun así no giró orden de aprehensión en contra del agresor, quien tenía vínculos con el Comisariado Ejidal y trabajadores del Ayuntamiento de Aquismón.
Durante meses, la madre denunció públicamente que: No les asignaron abogado de oficio, no fueron canalizadas a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas; sufrieron revictimización en cada visita a la Fiscalía; los traslados “de apoyo” eran realizados por personas cercanas al agresor; el imputado permanecía libre y tranquilo, mientras la niña vivía con miedo y secuelas emocionales.
La familia tuvo que exhibir su caso ante los medios para presionar a la Fiscalía, que entonces prometió avanzar. Hoy presumen un fallo que, para quienes vivieron la violencia institucional, llega tarde y sabe a muy poco.
Aunque la sentencia incluye prisión, reparación del daño y sanción económica, lo cierto es que 8 años 8 meses no se comparan con el dolor físico y emocional que sufrió la niña, las amenazas que recibió, las noches sin dormir, la falta de apoyo psicológico oportuno y el desgaste extremo de su madre, que tuvo que enfrentar sola a un sistema de justicia que jamás la respaldó.
La Fiscalía decidió cerrar el caso mediante un procedimiento abreviado, sin ir a juicio oral, sin confrontar públicamente las omisiones iniciales y sin explicar por qué durante meses no actuó pese a tener pruebas, testimonios y dictámenes.
Está sentencia representa más un trámite que una verdadera reparación. Una condena que llegó únicamente después de presión mediática, no por voluntad propia de las autoridades. El caso evidencia nuevamente que, las víctimas siguen siendo ignoradas, incluso cuando se trata de delitos graves contra niñas.
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