El Senado de la República de México aprobó este miércoles la Ley General de Salud que contempla la prohibición total de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, reforma que fue ratificada con 76 votos a favor y 37 en contra con un marco legal estricto que sanciona la producción o el suministro de estos dispositivos con penas de uno a ocho años de prisión.
Además de las sanciones penales, la legislación prevé la imposición de multas que oscilan entre 100 y dos mil UMA por cualquier acto relacionado con la comercialización, incluyendo la adquisición, preparación, transporte, distribución y venta de estos productos. El dictamen ha sido turnado al Ejecutivo para su promulgación, marcando un cambio significativo en la regulación del consumo de nicotina en el país
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La esencia de la reforma, según sus defensores, radica en la protección de la salud pública, especialmente la de los adolescentes, sector en el que el uso de estos dispositivos ha mostrado un notable incremento. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, defendió que el Estado no busca criminalizar a los jóvenes, sino prevenir riesgos al no ser omiso ante una industria que, a su juicio, actúa deliberadamente sobre la población vulnerable.
También se prohíben actos de publicidad y propaganda en cualquier formato, como parte de la estrategia para desincentivar su uso. La Senadora Rocío Corona Nakamura (PVEM) respaldó la medida argumentando, con base en datos de la OMS, que los vapeadores contienen una elevada cantidad de sustancias tóxicas que dañan gravemente el tejido pulmonar y cardiovascular.