San Luis Potosí, SLP.- Una maestra potosina, perteneciente a la comunidad LGBTTIQ+, denunció ser víctima de discriminación y acoso laboral dentro de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), tras ser despojada de una comisión ganada por méritos propios, aparentemente por motivos relacionados con sus preferencias sexuales. Además, asegura que existen más de 10 casos similares que la dependencia ignora y deja sin resolver.
De acuerdo con el testimonio recabado por la abogada Xochitl Tolentino para Código San Luis, quien representa a varios docentes en situación similar, el caso de esta profesora revela un patrón sistemático de abuso de poder, corrupción administrativa y violación de derechos humanos por parte de funcionarios de la dependencia estatal. En el caso específico de la maestra, la exclusión de sus funciones ocurrió sin justificación laboral, a pesar de contar con la documentación que avala su nombramiento como Asesor Técnico Pedagógico (ATP), obtenido mediante un proceso formal y aprobado por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
Según la afectada, la revocación de su comisión se dio de manera informal, sin ningún procedimiento administrativo y bajo argumentos personales por parte del supervisor responsable. En ningún momento se cuestionó su desempeño profesional; sin embargo, se le notificó verbalmente que no sería aceptada nuevamente en su función. Desde entonces, fue reubicada temporalmente y colocada “a disposición”, sin claridad sobre su centro de trabajo y, lo más grave, sin recibir el pago correspondiente al puesto que le fue asignado legalmente.
La docente señaló que su expresión de género, su forma de vestir y su orientación sexual han generado incomodidad en sus superiores, lo que considera el motivo de fondo de las represalias. La ausencia de respaldo por parte del sindicato, así como la indiferencia de instancias jurídicas dentro de la SEGE, han profundizado su situación de indefensión.
SEGE ignora más de una decena de casos
Este caso forma parte de al menos una decena de denuncias similares que han sido documentadas por la abogada Tolentino, todas ellas con patrones comunes: suspensión injustificada de pagos, actas administrativas manipuladas, amenazas, represalias por denunciar y la inacción de autoridades educativas. Las víctimas acusan la existencia de una red de protección interna que blinda a funcionarios y deja expuestos a los trabajadores.
La representante legal calificó esta estructura como un “cártel institucional”, donde prevalece el tráfico de influencias, la discriminación por identidad sexual, apariencia o lugar de origen, y la complicidad sindical. Agregó que los procesos disciplinarios carecen de legalidad y transparencia, lo que ha provocado daño emocional, económico y profesional a quienes han sido perseguidos o removidos de sus cargos de manera arbitraria.
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