Ciudad de México.- En 2018 los mexicanos que poseen un vehículo de procedencia extranjera, mejor conocidos como autos “chocolate”, podrán regularizar para tener la posesión legal en nuestro país de sus inmuebles, gracias a la reforma que diputados y senadores realizaron a la Ley de Ingresos que estará vigente en el 2020.
Para que esto pueda ser realidad, los diputados deberán modificar las leyes aduaneras y otros ordenamientos para facilitar el proceso, con el fin de resolver la posesión de todas las unidades importadas usadas, localizadas en territorio nacional, lo que dará certidumbre, tanto a los posesionarios, como a las autoridades.
Esta reforma se votó el sábado 19 de octubre a propuesta del diputado Manuel López Castillo de MORENA, habitante de San Luis, Río Colorado. La legalización permitiría a las autoridades municipales, estatales y federales, un ingreso extraordinario aproximado de 50 mil millones de pesos.
El legislador dijo textualmente: “Los autores ya están aquí, díganme si el ejército de la ONU o qué poder los va a sacar y mandarlos de regreso a Estados Unidos, tampoco los pueden mandar a los deshuesaderos, la única solución favorable para todos es que se legalicen”.
Recordó que antiguamente había facilidades para “enderezarlos” o “legalizarlos”, no era caro y cualquier persona podía pagarlo. Dijo que la gente por necesidad sigue trayendo carros o camionetas que usan para trabajar en el campo o zonas urbanas “La gente humilde también necesita carro, no nada más quienes tienen más dinero. A veces, gracias a esos coches, la gente trabaja, lleva alimento y cubre las necesidades de sus familias”.
La propuesta fue aprobada por la mayoría de los diputados.
Por su parte, voceros del sector automotriz aseguran que esta decisión atropellará a la industria, solicitaron a los diputados revocar la modificación a la Ley de Ingresos aprobada en los primeros minutos de este sábado y advirtieron que ante esta situación, un millón de autos usados estaría ingresando al país en la frontera norte en los próximos ocho meses, plazo dispuesto por los propios diputados para modificar las leyes en la materia y comenzar el proceso de regularización.
