Contribuyentes de diversos municipios y trabajadores de la Delegación de Finanzas de la Zona Media demandaron la inmediata intervención de las autoridades competentes para investigar y sancionar los posibles delitos que se están cometiendo desde la institución y de los que señalan como principal responsable al titular, José Alfredo Quintero Martínez, a quien acusan de encabezar una enorme red de coyotaje y actos de corrupción en perjuicio de la ciudadanía.
De acuerdo con las denuncias que se han dado a conocer, Quintero Martínez, junto a los responsables de distintas cajas recaudadoras, sobre todo las de Rayón y San Ciro de Acosta, han implementado una estrategia que, a la fecha, les ha permitido adjudicarse enormes cantidades de dinero que deberían entrar a las arcas estatales, pero que terminan desviándose por trámites engorrosos y, muchas veces, fuera de la ley.
Según explican, entre las prácticas más comunes en que ha incurrido el delegado de Finanzas se citan el duplicado de números de serie de vehículos, la falsificación de facturas, el cobro por servicios que deberían ser gratuitos y hasta la imposición de cuotas que deben cubrir todos los trabajadores por medio de cobros indebidos a la ciudadanía. Quien no cumpla, se le descuenta de su nómina.
Fuentes internas de la misma delegación refieren que, en varias ocasiones, los reportes por ingresos no han coincidido, al grado de que existen discrepancias por varios miles de pesos y, cuando se intenta investigar dónde quedó el dinero, el delegado Quintero Martínez asegura que, personalmente, realizará la investigación, sin embargo, reiteran que este tipo de hechos han ocurrido en varias ocasiones y, a la fecha, no se conoce en qué concluyen dichos procesos investigativos.
Ciudadanos y trabajadores reiteraron el llamado para que las autoridades competentes de la Secretaría de Finanzas presten atención a lo que sucede en la Zona Media y garanticen, además de que los recursos públicos no terminen en los bolsillos del delegado, un cese a los cobros indebidos y todas las irregularidades que se cometen en perjuicio de la población.
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