La aprobación de dos leyes estatales en Texas ha suscitado una ola de críticas tanto de defensores de los derechos de los migrantes como de congresistas estadounidenses, desatando un intenso debate sobre el tratamiento de la inmigración y el uso de fondos públicos en la frontera.
La Cámara de Representantes de Texas, controlada por los republicanos, aprobó tras un extenso debate la SB 4, que convierte en delito menor el cruce indocumentado de la frontera y establece que los extranjeros deben ser devueltos a suelo mexicano bajo órdenes judiciales, en lugar de ser procesados en territorio estadounidense. En caso de desobedecer esta orden o tener antecedentes criminales, el cargo se convierte en delito grave, con una condena potencial de hasta 20 años de prisión.
Asimismo, se dio luz verde al proyecto de ley SB 3, que asignaría mil 540 millones de dólares para erigir barreras fronterizas y proporcionar fondos a las fuerzas policiales con el fin de vigilar la frontera y los asentamientos de migrantes.
Estas medidas han provocado una fuerte reacción por parte de diversas voces. Oni K. Blair, directora de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas, denunció que la SB 4 va en contra de los valores del estado y perpetúa la discriminación racial al otorgar a las autoridades estatales poderes para deportar personas sin seguir el debido proceso, independientemente de su elegibilidad para solicitar asilo u otras protecciones humanitarias.
El representante demócrata Joaquín Castro señaló en una rueda de prensa que estas leyes podrían poner bajo sospecha a cualquier persona que hable español u otro idioma y, además, dañar las relaciones con México, un socio económico vital para Estados Unidos.
Por su parte, el congresista demócrata Greg Casar instó a la administración de Joe Biden a intervenir para frenar la implementación de estas leyes, argumentando que exceden las atribuciones federales.
Organizaciones como Voto Latino condenaron la SB 4 como un reflejo del «supremacismo blanco en acción», augurando que intensificará la discriminación racial en Texas.
Estas propuestas legislativas están en camino al escritorio del gobernador republicano Greg Abbott, quien previamente ha criticado la política de la Casa Blanca sobre la inmigración indocumentada, acusando al presidente Joe Biden de mantener fronteras abiertas.
Mientras tanto, la SB 3 deberá regresar al Senado de Texas para la aprobación de enmiendas introducidas en la Cámara.
Las reacciones no se han hecho esperar, con Blair de ACLU calificando estas leyes como un derroche de fondos públicos en «crueldad ilegal», y advirtiendo que de aprobarse, perjudicarán a quienes buscan asilo, a las comunidades minoritarias y a los principios fundamentales de la democracia.
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