Propietarios y visitantes del corporativo Alttus denunciaron la colocación irregular de inmovilizadores a vehículos estacionados, medida que, aseguran, no está facultada legalmente para ser aplicada por particulares, sino únicamente por la Policía Vial, situación que, además de ser un abuso por parte de los administrativos, podría constituir un delito en perjuicio de la ciudadanía.
De acuerdo con los afectados, personal administrativo del inmueble coloca los dispositivos en los autos y posteriormente exige el pago de una “multa” de hasta mil pesos para liberarlos bajo el argumento de que se trata de un “reglamento interno”, sin embargo, los denunciantes señalaron que dicho reglamento no es visible ni fue notificado previamente a los conductores, tampoco fue aceptado por los empresarios, ejecutivos ni trabajadores que acuden a este espacio diariamente.
Manifestaron que esta práctica representa un abuso, ya que las sanciones de tránsito sólo pueden ser impuestas por autoridades municipales competentes, además, recalcaron que la inmovilización arbitraria de vehículos podría constituir una falta administrativa o incluso un posible delito por privación ilegal del uso de propiedad.
Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para intervenir, verificar la legalidad de dichas acciones y frenar cobros indebidos que afectan a la ciudadanía.
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