Cártel inmobiliario, así se le llama a la organización criminal que, usando las instituciones y el concurso de funcionarios, se dedica fundamentalmente a adjudicarse inmuebles pertenecientes a personas que apenas conocen y a las que les inventan adeudos con documentos falsificados, además de despojarlas valiéndose de la ineficacia del sistema jurídico.
Personas afectadas por esta agrupación coinciden en que, normalmente, seleccionan a sus víctimas buscando personas con perfil psicológico no problemático, que sería incapaz de hacerse justicia por su propia mano, y a las que sistemáticamente amedrentan para inhibir su capacidad de defensa. Afirman que, en la capital de San Luis Potosí, se echó a andar este modo de criminalidad desde el año 2018, y cobró mucha fuerza durante la pandemia.
Según las víctimas, afirman que un estudiante de derecho, descubrió el enorme poder que le daba el acudir a un tribunal mercantil con un pagaré y demandar su pago, aún y cuando dicho pagaré fuera totalmente falso. Se percató que el sistema judicial no cuestiona en absoluto la veracidad de un adeudo hasta que la víctima es lanzada de su casa, y con esa frialdad, se asoció de familiares y amigos para iniciar juicios a espaldas de múltiples personas, simular emplazamientos en domicilios ajenos a las víctimas, y acudir con orden judicial y el apoyo de la fuerza pública a despojarlas de sus casas, de sus vehículos, de su tranquilidad. Las víctimas no se conocían entre ellas, se fueron conociendo cuando fueron presentando sus denuncias y hoy se sabe de, al menos, 14 distintas.
El pasado 4 de agosto, el presunto líder de esta banda, Daniel Soto Basauri, fue por fin detenido en ejecución de una orden de aprehensión. En caso de demostrar su culpabilidad, dependerá de las instituciones procuradoras de justicia que ésta persona pague por los actos que se le imputan.
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