La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados retirar el fuero constitucional al senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, para que enfrente cargos por uso indebido de atribuciones y peculado, derivados del presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador del estado entre 2015 y 2019.
La petición fue presentada el 23 de julio y está respaldada por cuatro carpetas de investigación judicializadas. En ellas se documentan posibles actos de corrupción en diversas dependencias estatales, como la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM), la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam), la oficina de Comunicación Social y la Secretaría de Desarrollo Económico.
Las investigaciones también implican a al menos 17 exfuncionarios, algunos de los cuales ya fueron vinculados a proceso. Entre ellos, destacan exsecretarios de seguridad y exdirectores financieros, varios de los cuales enfrentan los procesos en libertad. Dos de los involucrados obtuvieron criterios de oportunidad para colaborar con la Fiscalía.
Uno de los casos más notorios incluye la contratación de servicios simulados por parte de la SSPCAM, a través de prestanombres que fueron reclutados con pagos mínimos y utilizados para emitir facturas por más de 27 millones de pesos. Los supuestos servicios, como el suministro de alimentos y mantenimiento de patrullas en zonas alejadas del estado, carecen de respaldo documental.
Otro expediente apunta a una empresa originalmente dedicada al buceo turístico, que posteriormente se transformó en consultora jurídica y fiscal, para ser beneficiada con contratos por casi 24 millones de pesos otorgados por la Apicam. Esta compañía, que cambió de nombre en varias ocasiones, fue constituida por personas relacionadas con exlegisladores del Partido Verde.
Alejandro Moreno figura como posible responsable en este caso, ya que como gobernador presidía la Junta de Gobierno de la Apicam en el momento en que se adjudicaron los contratos.
Asimismo, la Fiscalía estatal indaga transferencias por más de 14 millones de pesos a una televisora local, Mayavisión, presuntamente sin justificación comprobable. El medio fue dirigido por un empresario cercano al exgobernador, quien también participó en la venta de un terreno para construir un mercado de artesanías que finalmente fue privatizado.
Este último proyecto, Plaza Colosio, fue financiado con recursos estatales y federales y ha sido señalado como un esquema más de desvío, con un daño estimado de 18.2 millones de pesos al erario. Seis personas han sido procesadas por este caso.
La solicitud de desafuero será turnada a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que deberá analizar si existen elementos suficientes para retirarle la protección legal al actual senador y líder del PRI. De ser aprobado, Moreno Cárdenas podrá ser sometido a juicio por las acusaciones que pesan en su contra.
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