El caso de Miguel, joven originario de Mexquitic de Carmona que perdió la vida tras un tiroteo en un centro de detención del ICE en Dallas, es más que una tragedia individual; es un reflejo de la vulnerabilidad extrema en la que viven miles de migrantes mexicanos, incluidos muchos potosinos, al cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades.
Los hechos, tal como se han narrado, son escalofriantes: un atacante abrió fuego contra un grupo de migrantes detenidos, supuestamente con la intención de agredir a agentes de migración estadounidenses. Miguel recibió múltiples disparos, luchó varios días por su vida y finalmente murió en un hospital texano. Su historia se suma a una larga lista de víctimas que, en lugar de hallar un futuro, encuentran muerte o violencia en territorio estadounidense.
Lo grave no es sólo la brutalidad del ataque, sino la cadena de omisiones institucionales que lo rodean. En primer lugar, la falta de información oficial y la opacidad con la que suelen manejarse estos incidentes en Estados Unidos. ICE y las autoridades texanas raramente transparentan los hechos, mientras que en México el acompañamiento a las familias se limita, en el mejor de los casos, a la repatriación de cuerpos. No hay investigación exhaustiva, no hay responsabilidad política ni reparación del daño.
En segundo término, persiste una narrativa oficial que normaliza la tragedia migrante. Se habla de repatriaciones como si fueran gestos humanitarios cuando, en realidad, son la culminación de un fracaso doble; el del Estado mexicano, que expulsa a sus ciudadanos por falta de oportunidades, y el de Estados Unidos, que los criminaliza y los coloca en condiciones de riesgo extremo.
San Luis Potosí no es ajeno a este drama. Municipios como Mexquitic, Villa de Ramos o Matehuala son tierra de migrantes. Cada año, decenas de familias quedan marcadas por historias de muerte en el desierto, desapariciones en carreteras o ejecuciones en redadas. Miguel no es un caso aislado, es un nombre más en un expediente interminable de violencia contra los más pobres, contra los que buscan sobrevivir más allá de las fronteras.
Ser objetivos implica decirlo con claridad: mientras México no atienda las causas de la migración y, mientras Estados Unidos siga tratando a los migrantes con el mismo enfoque de criminalización, tragedias como la de Miguel seguirán ocurriendo. La muerte de un joven potosino en Dallas no es un hecho fortuito, es consecuencia directa de políticas fallidas, de indiferencia y de un sistema que convierte la movilidad humana en sentencia de muerte.
Hoy se habla de repatriación y de gestos de solidaridad institucional, pero la pregunta incómoda permanece ¿cuántos potosinos más tendrán que morir para que esta realidad cambie?
Cavilaciones:
Primera: El que avisa, no traiciona y ayer, la secretaria de Gobernación, la potosina, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que, en el tema del huachicol fiscal, hay muchas personas que van a detener en los próximos días. La advertencia la hizo durante su comparecencia ante el Senado de la República. De menos, hay dos potosinos que deben estar tramitando amparos contra órdenes de aprehensión que pudiera haber en su contra; se trata del dueño de Petro GESA y del señor de los tanques ¡Ay, nanita!
Segunda: El presidente municipal de Soledad, Juan Manuel Navarro, promueve la creación de un relleno sanitario intermunicipal que permitiría a las autoridades de Soledad, Zaragoza, Mexquitic y Cerro de San Pedro dar tratamiento adecuado a los desechos urbanos de este corredor habitacional que forma parte de la zona metropolitana. Esta obra es urgente porque el tiradero de Peñasco se está desbordando, se puede ver desde el Periférico Norte.
Tercera: En Estados Unidos, van a despedir a los generales, soldados y marines que estén obesos porque son mala imagen, según dijo el secretario de Guerra del gobierno norteamericano. Dirían en mis tejados; si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar ¡Miau!
