Con respecto del polémico desalojo de tres comerciantes ambulantes de la Plaza del Carmen por parte de al menos un centenar de policías municipales, el alcalde Xavier Nava Palacios declaró el pasado miércoles 7 de agosto que el operativo fue para atender una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), sin embargo, la acción se realizó con plena y clara violación a los derechos humanos de los comerciantes.
El edil se escuda en la recomendación emitida por la CEDH al ayuntamiento en junio de 2015 y asegura que todos tenemos derechos al patrimonio cultural y al libre tránsito por el Centro Histórico, además revela que el Ayuntamiento estuvo en pláticas con los comerciantes ambulantes y estos se negaron a atender las indicaciones, por lo que, dijo, “la policía actúa cuando hay agresiones”, justificando lo que calificó de “no hubo uso excesivo de la fuerza”.
La administración del alcalde Xavier Nava se caracteriza ya por represora, clara y visible violación a los derechos humanos, el caso de los comerciantes ambulantes no es el único que ha ocurrido, se suman el desalojo a rastras de Teresa Carrizales, la impunidad que dieron a los policías de la patrulla 3210, captados atracando a ciudadanos, la golpiza que dieron once policías a una familia en la colonia Progreso y lo que se va sumando.
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La recomendación de la CEDH
El 19 de junio de 2015 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a Mario García Valdez, entonces presidente municipal de San Luis Potosí, para que atendiera la queja, interpuesta por la organización Nuestro Centro, que ahora callan y se aguantan, para obligar al edil a poner orden al ambulante que durante el trienio 2012-2015 se apoderó de las calles, plazas públicas y todas las áreas posibles del Centro Histórico.
La CEDH emitió la recomendación basada en un acta del 26 de agosto de 2014 y la documentación de la violación al libre tránsito durante ese trienio. pero cabe resaltar la recomendación por sí misma:
PRIMERA. Gire instrucciones a efecto de que se tomen las medidas que se consideren pertinentes para lograr el ejercicio efectivo de los derechos humanos al libre tránsito, a la ciudad, a la preservación del patrimonio histórico de la humanidad, sin menoscabo del ejercicio de la actividad comercial en la vía pública y envíe a esta Comisión las constancias de cumplimiento.
SEGUNDA. Se lleven a cabo mesas de diálogo con las partes involucradas en la actividad comercial en el Centro Histórico de la Ciudad, y se discutan las propuestas para regular la actividad comercial, en aras de dar solución a la problemática e impulsar una normatividad que tenga por objeto la regulación adecuada de la actividad comercial en la vía pública y los espacios de uso común.
TERCERA. Gire instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se realice un diagnóstico, referido a la actividad comercial en la vía pública en el municipio de San Luis Potosí, en el que se identifiquen las necesidades de la población de la zona en relación con la prestación de servicios públicos y la garantía del ejercicio efectivo de los derechos humanos, enviando la constancias de su cumplimiento a esta Comisión Estatal.
CUARTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya un programa de capacitación permanente al área de comercio municipal, en específico en los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos humanos emergentes y a la preservación del patrimonio común de la humanidad, enviando a esta Comisión Estatal la información para acreditar su cumplimiento.
QUINTA. Colabore ampliamente en la investigación que en su caso inicie el Órgano de Control Interno sobre las omisiones en que pudiesen haber incurrido servidores públicos del área de comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí a su cargo, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento, y se aporte la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.
La recomendación, dirigida al entonces alcalde Mario García Valdez, y no al Ayuntamiento, fue “atendida” por Xavier Nava Palacios, 4 años después de emitida, pero además del desalojo, violento y violando los derechos humanos de los comerciantes ambulantes, no cumple con ninguno de los 5 puntos de la recomendación.
Xavier Nava, el alcalde represor, acomoda las leyes, reglamentos y recomendaciones de Derechos Humanos, a su antojo.
