El Senado de la República aprobó el pasado miércoles el nombramiento de 20 nuevos magistrados para las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Entre los perfiles ratificados destacan dos potosinos con una trayectoria abiertamente vinculada a Morena; Luis Fernando González Macías, actual fiscal especializado en Delitos Electorales del Estado, y María del Carmen Quiroz Rodríguez, exdiputada federal plurinominal del partido guinda. Ambos asumirán funciones a partir del 1 de enero de 2026.
La designación de González Macías fue una de las más cuestionadas debido a su papel como titular de la Fiscalía Electoral en San Luis Potosí, cargo que ocupa desde 2020 y al que, hasta el momento, no ha presentado renuncia. Su trayectoria política también fue señalada por la oposición, pues antes de convertirse en fiscal, fungió como representante jurídico de Morena ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y posteriormente como coordinador jurídico del Congreso del Estado.
Pese a ello, el Senado avaló su incorporación como magistrado del TFJA para un periodo de 10 años. Su salida anticipada de la Fiscalía Electoral genera dudas sobre el relevo institucional y la continuidad de investigaciones en curso. Además, organismos y ciudadanos han expresado preocupación por el conflicto de interés que supone pasar de una función fiscalizadora, altamente sensible por cuestiones políticas, a una magistratura federal sin una distancia clara respecto a su filiación partidista previa.
El caso de María del Carmen Quiroz Rodríguez tampoco estuvo exento de críticas. La potosina fue diputada federal plurinominal por Morena y, más recientemente, fungió como enlace de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en las Mesas de Construcción de la Paz en San Luis Potosí, un espacio operativo dependiente directamente del Gobierno Federal. Su cercanía con estructuras gubernamentales de alto nivel, así como su papel dentro de la bancada morenista en San Lázaro, fortalecieron la percepción de que su designación responde a una continuidad de alineamientos políticos dentro del aparato judicial administrativo.
Cabe destacar que, dentro del paquete de magistraturas aprobado por el Senado, la mayoría de las designaciones correspondieron a perfiles cercanos al partido en el poder o con vínculos previos en administraciones y legislaturas controladas por Morena. Esta tendencia, señalan especialistas y organizaciones ciudadanas, podría poner en riesgo la independencia del TFJA, tribunal clave en la resolución de controversias fiscales y administrativas entre ciudadanos y el Estado.
Colectivos y ciudadanos han manifestado preocupación en torno a que la impartición de justicia administrativa quede en manos de perfiles cuya carrera pública ha estado estrechamente ligada al partido gobernante y al propio Ejecutivo federal.
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