Autoridades estadounidenses confirmaron la existencia y puesta en marcha de un mecanismo confidencial de sanciones dirigido a servidores públicos mexicanos, conocido internamente como la “Lista Marco”. Este sistema, nombrado en referencia al senador Marco Rubio, apunta a 44 figuras del ámbito político, administrativo y militar por presuntos nexos con el narcotráfico y redes criminales transnacionales.
La herramienta es operada por el Departamento de Estado en coordinación con varias agencias de seguridad e inteligencia como el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Las medidas están sustentadas en legislaciones como el Acta Patriota y las normas que rigen la designación de organizaciones terroristas extranjeras, sin estar sujetas a acuerdos bilaterales con México.
Las acciones implementadas incluyen la cancelación de visas, tanto a los funcionarios señalados como a sus familiares, retenciones e interrogatorios en fronteras, congelamiento de activos en territorio estadounidense, emisión de alertas confidenciales a las autoridades financieras mexicanas, y exclusión de relaciones con entidades estadounidenses.
Entre los señalados se encuentran gobernadores en funciones como Alfonso Durazo (Sonora), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas), Samuel García (Nuevo León), Layda Sansores (Campeche) y Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán). También aparecen exgobernadores y líderes legislativos como Enrique Alfaro, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.
El mecanismo involucra además a funcionarios federales y militares, tanto en activo como retirados, junto con alcaldes de ciudades clave como Ciudad Juárez, Matamoros, Ciudad Madero y Ciudad Victoria.
Casos destacados incluyen a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, cuyas visas fueron revocadas por presunto lavado de dinero mediante contratos con vínculos criminales. Otro caso es el del alcalde de Matamoros, quien fue retenido por varias horas en la frontera bajo sospecha de operar una red municipal bajo control del crimen organizado.
Al menos 15 de los investigados estarían conectados a esquemas de contrabando de combustibles, relacionados con Sergio Carmona Angulo, operador financiero de campañas en el noreste mexicano. Exfuncionarios como el exfiscal de Baja California y el senador Jaime Bonilla, quien también tiene ciudadanía estadounidense, habrían colaborado aportando evidencia en Washington.
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