Ciudad Valles, S.L.P.- Un caso de maltrato animal en el fraccionamiento Praderas del Río dejó al descubierto una situación aún más alarmante: una joven de 29 años que padece un trastorno mental era mantenida encerrada por sus padres en condiciones insalubres, junto a varios animales enfermos y al menos un perro muerto.
Todo comenzó la noche del domingo, cuando vecinos reportaron al sistema de emergencias 911 la presunta privación de la libertad de la joven Jasmín Martínez Pérez, señalando que sus padres la mantenían bajo llave en un domicilio de la calle Otawa. En el lugar, elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al llamado, aunque no tomaron acciones inmediatas pese a la denuncia de los colonos.
Dos días después, el martes, personal de la Dirección de Ecología Municipal acudió nuevamente al mismo sitio, tras otro reporte ciudadano por un animal muerto. Al llegar, el área ya había sido limpiada, pero aún se observaron rastros de insalubridad, presencia de garrapatas y huellas de abandono.
Durante la inspección, vecinas confirmaron a los inspectores que la joven permanecía encerrada desde hacía cerca de seis meses, sin recibir atención médica ni alimentaria adecuada. Los padres justificaron la situación argumentando que su hija sufría episodios de agresividad y aislamiento desde hace nueve años, por lo que decidieron mantenerla recluida dentro del inmueble.
El director de Ecología, Julio César Otero Torres, informó que durante la intervención se localizaron once animales —entre perros y gatos— en condiciones de descuido, además de un perro sin vida en estado de descomposición. Las mascotas fueron resguardadas en coordinación con un colectivo de rescate animal para su atención veterinaria y dictamen médico.
A pesar de la gravedad del caso, no se inició un proceso legal inmediato en contra de los responsables. El coordinador jurídico del DIF Municipal, Luis Eduardo Martínez Medina, reconoció que la institución no cuenta con atribuciones para determinar la existencia de un delito y que la joven fue devuelta a sus padres por falta de un espacio adecuado para resguardarla.
Ni el DIF ni la Guardia Civil Estatal notificaron al Ministerio Público, lo que ha visibilizado la falta de acción ante un caso evidente de maltrato y omisión de cuidados.
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