Es un hecho que la inseguridad en San Luis Potosí ha rebasado por completo a las corporaciones de seguridad de la entidad potosina. Los tres niveles de gobierno poco o nada han demostrado para contener la ola de violencia, robos y ejecuciones que han tenido un repunte importante estos últimos días. En este sentido, esta semana trascendieron especialmente dos casos que, por las personas que estuvieron involucradas, encendió los focos rojos ante un proceso electoral que apenas comienza.
El asesinato de Julio César Galindo, presidente de la Coparmex, y de Rodrigo Sánchez, exmilitante del PRI, sacudieron a la sociedad potosina por la incertidumbre que esto generó, ya que, de inmediato, se especulaba que las ejecuciones estuvieran involucradas con los comicios electorales. Es por lo anterior que Edgardo Hernández Contreras, diputado de la LXII Legislatura, aclaró que dichos homicidios responden más a la corrupción que impera dentro de las corporaciones policiacas, sean federales, estatales y municipales.
«Estos desafortunados eventos no enardecen el clima político, es un asunto que se deriva de la malas estrategias que realiza la policía en contra de la delincuencia organizada», aseveró Hernández Contreras, por lo que la escalada de violencia se deriva más del poco actuar de los directivos policiacos, aunado a las conexiones que existen dentro de las corporaciones con los delincuentes.
Edgardo Hernández Contreras lamentó que no existan acciones frontales y contundentes contra la delincuencia organizada aquí en San Luis Potosí, ya que, dijo «Rodolfo Hernández Limón, delegado de la Fiscalía General de la República, no tiene la voluntad política, porque hay tibieza y porque hay señalamientos de mandos policiacos que mantienen complicidad con la delincuencia organizada y no organizada».
Finalmente, el legislador Edgardo Hernández hizo un llamado a la policía para que, con sus acciones efectivas, sean ellos los que tranquilicen a la ciudadanía durante este proceso electoral, intentando contrarrestar cualquier actividad delictiva que pueda vulnerar los mítines políticos, las presentaciones de candidatos o, en su momento, las votaciones.
