Cuando hablamos de derechos humanos, solemos pensar en garantías jurídicas: el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión o el derecho a la vida. Pero rara vez consideramos algo fundamental: los derechos humanos también son una cuestión de salud mental. Una constitución que los reconoce protege y amplía, no solo legisla sobre cuerpos y libertades, sino que también incide en el bienestar emocional y psicológico de las personas. Y ahí es donde la psicología tiene mucho que decir.
Una reforma constitucional en materia de derechos humanos no es simplemente un ajuste técnico. Es una declaración simbólica y práctica sobre qué tipo de sociedad queremos construir. La inclusión, por ejemplo, del derecho a la salud mental, a la vivienda digna, a un medio ambiente sano o a la identidad cultural, no es solo una conquista legal: es una forma de sanar el tejido social. Porque el sufrimiento humano no nace del vacío, sino de las estructuras que invisibilizan, marginan y excluyen.
Ya sabemos que el entorno moldea la mente. No es posible hablar de salud mental en abstracto, sin considerar los factores estructurales: pobreza, violencia, discriminación, falta de acceso a educación o salud. Cuando el Estado no garantiza derechos, lo que crece es la ansiedad, la frustración, la desesperanza. En cambio, cuando una Constitución reconoce y protege los derechos humanos, lo que se fortalece es el sentido de dignidad, pertenencia y seguridad psicológica.
Psicología y Derechos Humanos
La psicología también aporta algo más: la conciencia de que las leyes deben considerar la diversidad humana. No hay un solo modo de ser, de amar, de vivir, de expresarse. La ampliación de derechos a pueblos originarios, mujeres, personas con discapacidad, infancias y disidencias sexuales no es un gesto de corrección política, sino un imperativo ético. Es reconocer que todos los seres humanos, por el solo hecho de serlo, merecen condiciones dignas para desarrollar su vida psíquica, emocional y relacional.
Además, una reforma con enfoque de derechos humanos implica pasar del castigo a la prevención, de la represión al cuidado. Apostar por el acceso a la salud mental comunitaria, por políticas públicas de acompañamiento emocional, por sistemas educativos que fomenten la empatía y la resiliencia, es tanto una decisión política como psicológica. Porque una sociedad sana no se construye solo con leyes, sino también con vínculos.
En última instancia, la Constitución es también una narrativa colectiva, una brújula simbólica. Lo que en ella se escribe, moldea lo que creemos posible. Por eso, toda reforma constitucional con enfoque en derechos humanos debería integrar una visión psicológica: una visión que comprenda que la libertad, la justicia y la equidad no son solo principios jurídicos, sino también condiciones esenciales para la salud mental de un pueblo.
Estefanía López Paulín
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