Hace décadas, George Orwell imaginó un mundo donde todo estaba bajo la mirada de un ente omnipresente: el Gran Hermano. Una distopía que parecía lejana, ficción pura, imposible en un mundo democrático, (pero, mas) sin embargo, hoy, entre algoritmos, inteligencia artificial, asistentes virtuales y las nuevas leyes que impulsa con vehemencia la 4T, esa fantasía parece cada vez más real.
Durante años, circularon rumores de que asistentes como Siri o Alexa nos escuchaban todo el tiempo, incluso cuando no eran activados. La mayoría los descartaba como exageraciones paranoicas… hasta que algunos casos documentados revelaron que sí se recopilan grandes volúmenes de datos, con frecuencia sin el consentimiento claro de los usuarios. Así, fuimos aceptando una nueva normalidad; ser escuchados, rastreados, perfilados. Y nadie se alarmó.
En ese contexto, llega ahora la llamada Ley Espía en México, un paquete de reformas que amplía las facultades del Estado para acceder a nuestros datos personales, biométricos, financieros y de telecomunicaciones. Aunque sus promotores aseguran que su propósito es noble (prevenir delitos, anticipar amenazas, proteger la seguridad nacional), las formas y los tiempos han generado más preguntas que certezas.
¿Qué puede salir mal cuando un gobierno concentra capacidades de vigilancia sin controles claros ni instituciones autónomas que supervisen su uso? ¿Qué sucede cuando se elimina al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y no hay nadie que garantice el derecho a la privacidad? ¿Quién decide quién es una amenaza y bajo qué criterios?
Más allá del texto jurídico, el problema de fondo es la desconfianza. No se puede pedir a la ciudadanía que ceda más libertades a cambio de promesas de seguridad, si el Estado no garantiza transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Hoy, se dice que la ley es contra el crimen organizado. Mañana, tal vez, contra voces críticas, opositores, activistas o simplemente ciudadanos incómodos.
La CURP biométrica obligatoria es otro ejemplo preocupante. Al vincular nuestra identidad con datos físicos intransferibles (huellas, iris, rostro), se abre la puerta a un modelo de vigilancia total que puede excluir a quienes no cumplan con los nuevos estándares, o que, por razones culturales o sociales, rechacen ser codificados digitalmente.
Estamos en un momento crucial. La tecnología puede ser una aliada para la seguridad, pero también una herramienta para el control. Todo depende de quién la usa, con qué fines y con qué límites. Y hoy, en México, esos límites parecen diluirse peligrosamente.
No se trata de oponerse a todo, sino de exigir lo esencial; que la ley no nos convierta en sospechosos permanentes, que el combate al crimen no sacrifique la libertad de los inocentes y que el futuro no se parezca tanto al pasado temido por Orwell.
Cavilaciones:
Primera: Los presidentes municipales recibieron una notificación de que, por causas desconocidas, a partir de julio, les será recortado el 20 por ciento del llamado Ramo 28, recursos destinados al gasto corriente de las administraciones, es decir, al pago de nómina, servicios, papelería e insumos. La única recomendación que les dieron a aquellos que se atrevieron a preguntar la razón fue: ¡Aguanta vara! ¡No, pos miau!
Segunda: Como una gran noticia se recibió la reducción al impuesto sobre envío de remesas del cinco al uno por ciento. El gravamen sólo se aplicará en caso de que se utilice efectivo.
Tercera: Este felino envía una felicitación al secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y a su esposa, Xitlálic Sánchez Servín, por el nacimiento de sus gemelos. Que tengan una vida bonita.
