Jueves 2 de octubre, San Luis Potosí, S.L.P.- La reforma a la Ley de Amparo, presentada como una modernización del sistema legal, ha sido duramente criticada por limitar el acceso de los ciudadanos y a las familias en los mecanismos efectivos de defensa ante los constantes actos de autoridad y abusos de poder que se viven en todo el país.
De acuerdo al abogado y expresidente de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza, aunque se suavizó ligeramente el concepto de “interés legítimo”, las modificaciones mantienen intactas las restricciones para que la gente pueda protegerse legalmente ante posibles abusos del poder público.
La reforma a la Ley de Amparo se vende como modernización, pero en realidad es un cerco contra la ciudadanía. Aunque suavizaron un poco el concepto de “interés legítimo”, lo esencial se mantiene: limitar la forma en que la gente puede defenderse frente al poder.
El golpe real… pic.twitter.com/FU9DOgmMjS
— José Mario (@JoseMarioMX) October 1, 2025
Entre las modificaciones más destacadas, se incluyen la reducción de plazos para resolver juicios de amparo, la incorporación de criterios más estrictos para aceptar recursos y la implementación de mecanismos que eviten amparos o con fines obstructivos.
«Uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es el endurecimiento en las suspensiones de actos administrativos. Por ejemplo, si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congela cuentas bancarias, los afectados ya no podrán acceder a medidas cautelares para usar esos recursos durante el proceso judicial. De igual modo, en caso de revocación de permisos o autorizaciones, los negocios deberán cerrar y esperar años para que se resuelva el juicio, mientras que en cuestiones de deuda pública la autoridad siempre tendrá la ventaja», detalló el experto a través de sus redes sociales.
Además, la reforma también pretende promover una mayor capacitación para jueces y magistrados especializados en la materia, para asegurar decisiones más precisas y fundamentadas. Por lo anterior, especialistas en derecho advierten sobre la importancia de vigilar que los cambios no limiten indebidamente el acceso a la protección constitucional que ofrece el amparo.
