La Junta Estatal de Caminos, dependencia a cargo de Marcos Enrique Rosales Vega, se sordea ante el accidente ocurrido la noche del 8 de febrero en la obra de construcción del nuevo brazo del Distribuidor Juárez, a la altura de la Coca Cola sobre la carretera a Matehuala, ordenó limpiar la zona sin previa investigación, análisis, peritajes y evaluación de las razones que provocaron el desplome del cabezal, dejando como saldo dos heridos.
En redes sociales la dependencia sólo atinó a publicar en su perfil de Twitter, la mañana de este sábado 9 de febrero, que la zona afectada por el accidente había quedado liberada y que la vía estaba abierta a la circulación, que los lesionados habían sido dados de alta y que una brigada de trabajadores había concluido la labor de retiro de escombro de polines, madera, acero y concreto, mismos que fueron removidos en su totalidad de la zona del accidente.
#JECSanLuisinforma Liberada la zona de afectación en el Distribuidor. Via abierta a la circulación. Los dos lesionados, dados de alta. El escombro de polines, madera, acero y concreto ha sido removido en su totalidad. Hay brigada para continuar con detalles mínimos. pic.twitter.com/75W9m1AMmR
— JEC San Luis (@JECSanLuis) February 9, 2019
En respuesta, los twitteros reprocharon la acción alevosa de la dependencia de destruir la evidencia para la realización de peritajes que valoran varillas, dimensiones, cemento, condición de polines, calidad de los materiales, etc., para concluir la razón del desplome, toda vez que si se sacrificó en calidad de materiales y el resto de los pilares lleva la misma estructura, las consecuencias de un nuevo accidente pueden ser lamentables.
La obra de construcción de dos nuevos brazos del Distribuidor Juárez, cuyo costo es superior a los 218 millones de pesos, es realizada por las compañías Maquirsa, propiedad de la familia Torres Corzo de San Luis Potosí, asociada con Sánchez Valdez de Zacatecas y Santos Chisum de Monterrey, quienes al momento guardan silencio sepulcral respecto de su responsabilidad en los hechos, toda vez que, según expertos consultados por códigosanluis.com, el desplome del cabezal es producto de un error en la cimbra que usaron y que deben ser elaboradas con base en un cálculo estructural que aparentemente omitieron o hicieron mal, razón por la cual al vaciar el concreto, se colapsó, porque los andamios y los puntales sobre la cimbra, no aguantaron el peso.
Inicialmente versiones de la JEC aseguraron que fueron los trabajadores quienes decidieron derrumbar el cabezal, pero eso no es posible de acuerdo con funcionarios de la propia dependencia, porque los empleados no deciden, mucho menos cuando se trata de una obra pública de tal envergadura, en todo caso la que decide es la dependencia, si detecta errores, siempre previo estudio realizado, nunca, en ninguna obra, se decide derrumbar por ocurrencias. “Construir una obra para adivinar si queda bien o mal, es un acto de grave irresponsabilidad, porque para eso son los proyectos y en este caso los proveedores de materiales como acero, por ejemplo, deben entregar el material con las especificaciones que se les indican en los contratos”.
Los especialistas aseguran que si el proyectista hizo mal el trabajo, habría razones para derrumbar, en este caso resguardan el nombre del ingeniero Carlos Escudero, uno de los hombres más respetados en el medio, por lo que para esclarecer las razones del desplome, deberán hacerse públicos los soportes de calidad, en tanto que los encargados de la supervisión de obra, el proyectista y la JEC, deberán presentar un dictamen profesional en el que se especifique la razón del accidente, de manera fundamental para evitar que vuelva a ocurrir o para corregir con las penalidades del caso, si es que hay más errores u omisiones estructurales.
Si se hubiera sacrificado la calidad de los materiales, en este caso el acero, Aceros Alcalde, presunto proveedor, deberá exhibir también un peritaje, con el fin de encontrar la verdadera razón del desplome.
Cabe recordar que la licitación de la obra se dio en medio de escándalos de tráfico de influencias en la que se involucró al entonces senador Teófilo Torres Corzo, al legendario empleado de la familia Ricardo Fermín Purata, ex director de la Junta Estatal de Caminos, hoy director de INTERAPAS, a Porfirio Flores Vargas, quien renunció a la dirección de la JEC, poco después del proceso de asignación y Joel Serna, encargado de licitaciones, quien habría dicho al resto de los participantes en el concurso que fue in «lineazo» directo que les obligó a favorecer a Maquirsa-Sánchez Valdez y Santos Chisum.
Ante los hechos la Auditoría Superior del Estado brilla por su ausencia, en tanto que apenas el 4 de febrero el contralor general del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, presumió en su sitio de Facebook, un recorrido de supervisión de obra, destacando que su tarea es vigilar que los recursos públicos, destinados a obras del Gobierno del Estado, en beneficio de la ciudadanía, sean aplicados correctamente, con eficiencia y eficacia. A ese recorrido de supervisión también acudió personal de la Justa Estatal de Caminos, pero ayer no se vio a ningún funcionario en la zona del desastre.
Contratistas y diputados están solicitando a la Auditoría superior del Estado, una investigación de los hechos, toda vez que el contrato de construcción se asignó con un sobreprecio de 30 millones de pesos y estiman que la construcción de los dos nuevos brazos debe garantizar calidad y eficiencia, pues un nuevo accidente por mala calidad de la obra, podría traer consecuencias fatales.
