La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo histórico al responsabilizar al Gobierno de Estados Unidos por la muerte de Anastasio Hernández Rojas, un inmigrante mexicano originario de San Luis Potosí, quien perdió la vida en 2010 tras ser brutalmente agredido por agentes de la Patrulla Fronteriza.
Por primera vez, la CIDH reconoce a Estados Unidos como responsable internacional por una ejecución extrajudicial. El organismo exigió al país reabrir la investigación del caso, al considerar que no se realizó de forma completa ni imparcial, negando justicia a la familia del fallecido.
Hernández Rojas, quien residió durante dos décadas en San Diego y era padre de cinco ciudadanos estadounidenses, fue sometido por al menos una docena de agentes, esposado, golpeado repetidamente y electrocutado con pistolas Taser mientras suplicaba ayuda. Las agresiones fueron captadas por testigos en video, y su muerte fue clasificada como homicidio por el forense local.
Aunque una investigación interna exoneró a los agentes implicados, el caso se mantuvo vivo gracias a la persistencia de su familia, organizaciones civiles y abogados que acudieron a instancias internacionales. El Departamento de Justicia indemnizó a los hijos menores del inmigrante, sin que ello implicara un reconocimiento formal de responsabilidad hasta ahora.
El fallo de la CIDH sienta un precedente importante para otros casos similares en la frontera, donde se ha documentado el uso excesivo de la fuerza. Para los defensores de derechos humanos, esta resolución representa un avance crucial en la búsqueda de rendición de cuentas por abusos cometidos por autoridades estadounidenses en operativos migratorios.
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