Un juez de ejecución penal ordenó la liberación de Alejandro Fernández Montiel, exfuncionario del DIF Estatal de San Luis Potosí, tras concederle un beneficio que le permitió abandonar el penal de La Pila luego de cubrir un pago de 40 mil pesos, decisión que ha reavivado la polémica en torno a uno de los casos más sensibles de los últimos años en la entidad.
Fernández Montiel fue sentenciado en octubre de 2022 a 12 años y tres meses de prisión por el delito de violación agravada, cometido en perjuicio de un menor de edad que se encontraba bajo la custodia y responsabilidad del Estado. De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, los hechos ocurrieron en 2019 al interior de un albergue del DIF, donde el hoy liberado desempeñaba un cargo directivo y aprovechó su posición de autoridad y confianza para agredir sexualmente a la víctima, quien se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad.
El caso generó un fuerte impacto social y mediático, no sólo por la gravedad del delito, sino porque el responsable era un servidor público encargado, precisamente, de la protección de personas en situación de riesgo. Pese a la sentencia condenatoria, Fernández Montiel habría purgado sólo una fracción mínima de la pena impuesta, ya que, a poco más de dos años de dictado el fallo, obtuvo un beneficio que le permitió enfrentar el resto de la condena fuera de prisión. La resolución judicial, que incluyó el pago de una cantidad económica de 40 mil pesos, ha sido duramente cuestionada por el contraste entre la magnitud del delito, la duración original de la pena y el tiempo efectivamente pasado en reclusión.
El criterio aplicado por el juez para conceder la libertad ha sido puesto bajo escrutinio público, al tratarse de un delito grave cometido contra un menor y bajo condiciones de custodia institucional. Ante este escenario, la titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, informó que se habrá de impugnar la resolución, al considerar que la liberación no es acorde con la gravedad de los hechos ni con el daño causado a la víctima. Con ello, se buscaría revertir el beneficio concedido y sentar un precedente sobre los límites en la aplicación de medidas de preliberación cuando se trata de delitos sexuales contra menores.
Mientras tanto, la liberación de Alejandro Fernández Montiel vuelve a colocar en el centro del debate público la actuación del Poder Judicial y la forma en que se aplican los beneficios penales en casos que, por su naturaleza, exigen el mayor rigor jurídico y una explicación clara a la sociedad.
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