Ciudad Valles, S.L.P.- El secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, destapó un problema que —según afirmó— ya alcanzó niveles insostenibles dentro del programa federal La Escuela es Nuestra: “Se corrompió”, sentenció. De acuerdo con el funcionario, al menos el 50% de las más de 8 mil escuelas de nivel básico en San Luis Potosí presentan denuncias por obras chafas, compras irregulares, imposición de proveedores y presunto desvío de recursos asignados para infraestructura y material didáctico.
Torres Cedillo explicó que el origen del desorden se encuentra en la operación misma del programa, donde los comités y asociaciones de madres y padres de familia reciben directamente el recurso y contratan proveedores u obra sin un mecanismo efectivo de auditoría. Esa autonomía, señaló, abrió la puerta a que en múltiples planteles la mitad del dinero se aplique y la otra mitad “desaparezca”.
El secretario afirmó que las irregularidades no solo se concentran en algunas zonas, sino que están presentes en los 59 municipios del estado, donde la SEGE ha recibido quejas que van desde malos manejos y obras inservibles, hasta casos donde se condiciona a los comités a gastar únicamente con ciertos proveedores o constructores impuestos.
Indicó que en San Luis Potosí se otorgaron más de 2 mil 300 apoyos a escuelas dentro del programa, y que alrededor del 50% de ellos terminaron en denuncias por fallas o inconsistencias. El problema, insistió, no es exclusivo del estado: en el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), varios titulares de Educación del país han externado quejas similares ante el propio secretario de Educación Pública.
Torres Cedillo reconoció que aunque La Escuela es Nuestra fue diseñado con una intención positiva —llevar recursos directamente a las comunidades escolares—, la falta de candados permitió que se generaran prácticas que hoy considera insostenibles. “Está mal planteado. No hay forma de auditar a los comités, y ya encontraron cómo corromperlo”, advirtió.
Ante este panorama, informó que existe una propuesta del titular de la SEP, Mario Delgado, para que el programa deje de operar bajo la Secretaría del Bienestar y pase directamente a la Secretaría de Educación Pública, con el fin de garantizar una aplicación del 100% de los recursos, imponer controles reales y transparentar el uso del dinero público.
“Eso es lo que estamos esperando: que se replantee y se apruebe, para que podamos auditar y asegurar que cada peso llegue a las escuelas”, concluyó.
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