El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria determinó que la detención y condena a 25 años de prisión de cinco activistas indígenas en Chiapas viola el derecho internacional, por lo que deben ser liberados e indemnizados.
En una resolución adoptada el pasado 4 de abril y publicada recientemente, el organismo concluyó que la detención en 2022 de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco contravino la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los cinco hombres, indígenas del pueblo maya tseltal, fueron acusados del homicidio de una persona retenida por pobladores en el municipio de San Juan Cancuc. Aunque la víctima murió tras ser golpeada, la ONU observó múltiples irregularidades en el proceso legal, como la no presentación ante un juez tras la detención y presuntas desapariciones forzadas en las primeras horas del arresto.
El Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno mexicano a liberarlos de inmediato, otorgarles una indemnización y emprender una investigación contra quienes resulten responsables por la privación arbitraria de su libertad.
Los cinco activistas habían participado en movimientos en defensa del territorio y los derechos humanos en la región. Santiz Cruz, en particular, lideraba un comité local que se ha opuesto a la construcción de una carretera y a la presencia militar en la zona.
La resolución fue firmada por los juristas Ganna Yudkivska (Ucrania), Matthew Gillett (Nueva Zelanda), Miriam Estrada-Castillo (Ecuador) y Mumba Malila (Zambia), integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU.
Aunque la decisión no es jurídicamente vinculante, representa una fuerte presión internacional sobre el Estado mexicano.
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