Ciudad Valles, S.L.P.- Habitantes de la zona indígena de la Huasteca solicitaron la intervención inmediata de la Secretaría del Bienestar federal para liberar los recursos del programa FAISPIAM 2025, destinados a obras ya aprobadas en sus comunidades.
Este martes, autoridades tradicionales acudieron al Juzgado Séptimo de Distrito para notificar que las delegaciones estatales de Bienestar y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) continúan bloqueando las transferencias y congelando las cuentas bancarias de los comités, aun cuando no existe ninguna suspensión legal que lo justifique.
De acuerdo con los afectados, funcionarios de ambas dependencias han utilizado argucias administrativas para retrasar los procesos y mantener los fondos detenidos. Señalaron directamente al titular del INPI en San Luis Potosí, Mario Godoy, de haberlos presionado y amenazado para que desistan de los amparos interpuestos, incluso utilizando medios oficiales para desacreditarlos públicamente.
En total son 13 comunidades afectadas: Aquismón, Tancanhuitz, Acatitla de San Martín Chalchicuautla, Piaxtla, Tamarindo, Tamaletón y La Garza (Tancanhuitz), Tocoy, Tanjasnek, Tanchahuil y San Pedro de San Antonio, Tampaxal y Tampate (Aquismón), Joromón (Tanlajás) y Tempetate (Tamazunchale).
Las autoridades indígenas denunciaron además que personal de Bienestar y del INPI se ha burlado de su situación, recomendándoles “usar banca en línea” para mover los recursos, pese a que en la mayoría de sus comunidades no existen bancos, ni conexión a internet, ni equipos de cómputo.
Advirtieron que, de continuar el bloqueo, podrían perder los fondos asignados al no cumplirse los plazos establecidos por las reglas de operación de obra pública. Hasta ahora, afirmaron, no existe oficio ni sustento legal para retener los recursos, mientras que las delegaciones estatales han ignorado las resoluciones judiciales y no se han presentado a las audiencias programadas.
Los representantes indígenas no descartaron tomar acciones más fuertes, como bloqueos o manifestaciones en la Ciudad de México y la capital potosina, en caso de que persista la negativa. También advirtieron a los funcionarios que el proceso legal continuará y podría derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta penas de cárcel por desacato judicial.
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