En Matehuala, los casos de abuso policial ya no sorprenden, pues se han convertido en temas frecuentes ante la negligencia o posible complicidad de sus superiores. La famosa Ciudad de las Camelias acumula un historial alarmante de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de su policía municipal, sin que hasta ahora haya una respuesta firme ni una sacudida real dentro de las estructuras de gobierno. La impunidad no solo persiste, sino que parece institucionalizada.
En fechas recientes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido al menos tres recomendaciones graves dirigidas al Ayuntamiento de Matehuala, derivadas de detenciones arbitrarias, golpizas, vejaciones sexuales y uso excesivo de la fuerza. Las historias detrás de estos documentos no son simples estadísticas, sino testimonios de personas violentadas por quienes, se supone, debieran protegerlas.
Uno de los casos más recientes ocurrió en 2024 y quedó plasmado en la recomendación 5/2024. Un hombre fue interceptado por policías municipales sin justificación legal, detenido y trasladado a la barandilla, donde fue sometido a golpes con palos, escobas y patadas. Se le negó el derecho a comunicarse con su familia o a recibir asistencia legal. La CEDH documentó que fue víctima de trato cruel e inhumano, en una práctica que, aunque común, rara vez es sancionada.
Si algo revela la profundidad de la crisis institucional en Matehuala es el contenido de la recomendación 13/2024. En este caso, un joven malabarista fue detenido por “alterar el orden” mientras trabajaba en un crucero. A manos de los policías, fue golpeado con cables, toletes y agredido sexualmente por los propios elementos de seguridad. La CEDH concluyó que se trató de un acto de tortura y violencia sexual cometida por servidores públicos, un hecho gravísimo que debería haber cimbrado al gobierno local; sin embargo, la reacción oficial se limitó a acatar en papel la recomendación y guardar silencio ante los medios.
En 2023, un hombre que se desplazaba en bicicleta fue detenido arbitrariamente por policías que lo insultaron y agredieron físicamente tras una discusión verbal. Lo golpearon en el rostro, estómago, espalda y glúteos, provocándole fractura del tabique nasal e inflamación abdominal. Después de pasar casi 24 horas detenido, le fue permitida la liberación mediante una multa administrativa sin recibo oficial. Este caso dio origen a la recomendación 15/2024. Aunque se documentó plenamente la violación a sus derechos, tampoco hubo consecuencias visibles para los agresores.
Más recientemente, en marzo de 2025, una familia denunció de manera pública la agresión sufrida por un adulto mayor a manos de policías municipales. El hecho fue reconocido por el propio presidente municipal, Raúl Ortega Rodríguez, quien prometió respaldo legal y revisión del caso por parte de la Comisión de Honor y Justicia. Hace unos días, aparentemente, se hizo justicia, pues tres agentes fueron cesados por su supuesta responsabilidad en el caso.
Estos no son hechos aislados. La propia CEDH ha señalado que la corporación de Matehuala es una de las que más quejas acumula en la región Altiplano y en todo el estado. Durante 2024, se registraron al menos 25 quejas formales por abuso de autoridad, maltrato físico y detención arbitraria. Algunas víctimas incluso han denunciado que fueron “tableadas” en los separos, como si se tratara de una rutina disciplinaria impuesta al margen de la ley.
A pesar de este panorama, las autoridades municipales han mantenido una postura ambigua. En algunos casos han aceptado recomendaciones, pero en la práctica no se conocen procesos penales abiertos contra los responsables. Tampoco hay indicios de reestructuras profundas, ni campañas de capacitación reales, menos auditorías públicas sobre la actuación policial. La Comisión de Honor y Justicia, encargada de evaluar la conducta de los elementos, opera bajo criterios opacos, sin rendición de cuentas ni presión institucional.
En una ciudad que carga con altos índices de inseguridad, resulta urgente que sus policías realmente garanticen la paz y que no sean parte de un grupo al que se le tema por los abusos en que incurre constantemente. Lo cierto es que, mientras las sanciones no lleguen y la impunidad sea la regla, no habrá manera de que se confíe en la corporación. Matehuala vive no solo una crisis de seguridad, sino una crisis ética en el corazón de su gobierno y, mientras nadie se atreva a asumir responsabilidades reales, los abusos seguirán ocurriendo con el aval tácito de quienes deberían frenarlos.
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