La diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, impulsa una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, para incorporar dentro del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, el que se investigue de oficio cuando la víctima de abandono sea niña, niño, persona adulta mayor o persona con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
Se señala que en estos casos, el Ministerio Público deberá actuar con debida diligencia para garantizar su protección, dictar las medidas necesarias conforme a la legislación aplicable, procurar el acceso efectivo a la justicia y prevenir la repetición de hechos similares.
En su exposición de motivos, la legisladora manifestó que el abandono de personas en situación de vulnerabilidad constituye una grave violación a los derechos humanos y una expresión de violencia estructural que no puede pasar desapercibida ante el Estado, en particular, niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad requieren una protección reforzada, tanto por su condición de edad, física o mental, como por los múltiples factores sociales que los colocan en situación de desventaja o riesgo.
Señala que actualmente, el Código Penal del Estado ya tipifica el abandono en los artículos 204 y 204 Bis, lo hace con base en la lógica de la denuncia o querella, lo cual no es suficiente cuando se trata de personas que, por sus condiciones particulares, difícilmente pueden ejercer sus derechos de forma plena. Por ello, se propone la adición del artículo 204 Ter, que establece la obligatoriedad de investigar de oficio estos delitos cuando las víctimas pertenezcan a estos grupos.
Indica que desde una perspectiva local, el abandono de personas mayores en San Luis Potosí, así como los recientes casos documentados de abandono de recién nacidos, evidencian la necesidad de fortalecer las herramientas legales con las que cuenta el Ministerio Público para actuar de manera inmediata y sin necesidad de una denuncia previa.
Por ello, la adición del artículo 204 Ter no solo refuerza la capacidad de respuesta institucional, sino que representa un avance en la construcción de una política penal más humana, sensible y centrada en las víctimas, tal como lo demanda una sociedad que aspira a la justicia social.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
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