En julio de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó una nueva ley que impone un impuesto del 1 por ciento a los envíos de remesas al extranjero. Aunque la medida fue presentada como una estrategia para aumentar la recaudación y reforzar los controles migratorios, en México, y particularmente en San Luis Potosí, sus efectos comenzaron a sentirse de inmediato. En esta región, miles de familias dependen mes a mes del apoyo económico que sus paisanos envían desde la Unión Americana.
Municipios de las cuatro regiones del territorio potosino, desde que entró en vigor la disposición, el flujo de remesas ha disminuido tanto en frecuencia como en monto. Comerciantes, amas de casa y pequeños productores coinciden en que el ingreso proveniente del extranjero ya no llega “como antes”. Muchos migrantes, ante el nuevo costo y la incertidumbre por el endurecimiento de políticas migratorias, han optado por espaciar los envíos o reducir las cantidades, una decisión que impacta directamente en la economía familiar.
Para miles de familias potosinas, las remesas no representan un lujo, sino un sostén indispensable para cubrir gastos básicos como alimentación, educación, salud, vivienda y, en algunos casos, el mantenimiento de actividades agropecuarias. La caída de estos recursos afecta el consumo local y presiona a pequeños negocios que dependen del circulante generado por las remesas.
La legislación estadounidense establece que el impuesto aplica únicamente a envíos realizados mediante efectivo, giros postales, cheques de caja y métodos similares. En contraste, no grava transferencias hechas desde tarjetas de crédito o débito emitidas en Estados Unidos. Analistas consideran que esta distinción busca dirigir el impacto hacia los migrantes indocumentados, quienes suelen recurrir a servicios tradicionales de envío al no tener acceso pleno al sistema bancario formal.
A ello se suma que la ley contempla una mayor asignación de recursos para fortalecer la aplicación de políticas migratorias, lo que anticipa un incremento en arrestos, detenciones y deportaciones. Esta situación ha generado temor e incertidumbre entre los trabajadores potosinos en Estados Unidos, muchos de los cuales ahora dudan si es seguro seguir enviando dinero o incluso permanecer en sus lugares de residencia.
En las comunidades potosinas, donde cada peso proveniente del extranjero marca una diferencia, la nueva legislación se ha convertido en otro factor de presión económica para comunidades que históricamente han enfrentado rezagos, falta de inversión y oportunidades laborales limitadas. Líderes comunitarios advierten que, si la política se mantiene, podría profundizarse la migración irregular, así como la precariedad en los hogares que dependen de las remesas para subsistir.
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