La muerte de dos trabajadores en instalaciones del Grupo GUSI, durante una de las tormentas que azotaron a la Huasteca potosina, ha generado fuertes críticas hacia la empresa y hacia la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal, tras darse a conocer el monto de indemnización propuesto a las familias: apenas 200 mil pesos por víctima.
De acuerdo con el titular de la STPS, Crisógono Sánchez Lara, uno de los acuerdos ya fue concretado, mientras que las negociaciones con los familiares de la segunda víctima, originaria de Veracruz, siguen en discusión. Ambos hombres fallecieron el 21 de junio mientras cumplían funciones laborales dentro de las instalaciones de la empresa cárnica, al ser arrastrados por la creciente del río Tampaón, sin que se hubiera activado ningún protocolo de seguridad ante fenómenos naturales.
Las reacciones no se han hecho esperar. Para la sociedad potosina, el ofrecimiento económico resulta no solo insuficiente, sino insultante ante la gravedad del hecho. A ello se suma la decisión de la STPS de no sancionar severamente a la empresa, ya que, según su titular, “no existían fundamentos jurídicos” para una clausura definitiva, pues los decesos se consideraron como “accidentes por causas naturales”.
Aunque una inspección posterior evidenció que la empresa no contaba con protocolos preventivos ante situaciones climatológicas adversas, como la registrada aquel día, la única sanción impuesta hasta el momento ha sido la clausura parcial del acceso principal a las instalaciones, medida que ha molestado a muchos habitantes de la región, pues no lo consideran como la sanción que el GUSI se merece.
La indignación ha crecido ante las declaraciones oficiales que minimizaron la posibilidad de una acción legal contra la empresa, bajo el argumento de que nadie quería «que la naturaleza castigara”. Críticas también se han centrado en la falta de un enfoque humano, al reducir el valor de una vida a una cifra económica que no corresponde a la responsabilidad ni al contexto del fallecimiento.
Mientras tanto, la familia de uno de los fallecidos sigue a la espera de una propuesta “similar”, en medio de la polémica por una reparación que ha sido vista como una burla a la dignidad de las víctimas y una muestra de impunidad empresarial.
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