Recientes denuncias colocan a exlíderes estudiantiles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) como en el centro de la crítica, esto luego de que se descubriera un caso en el que una exvicepresidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP) fuera dada de alta como trabajadora de la Secretaría General de la institución.
Mariana López Ponce concluyó su cargo como vicepresidenta de la FUP a finales de mayo, coincidiendo con la presentación de su examen profesional para obtener el título de Licenciada en Derecho. Pocas semanas después, ya aparecía registrada como trabajadora de la Secretaría General de la UASLP, con un sueldo bruto de nueve mil 867.02 pesos mensuales y un neto de 8 mil 022.12 pesos.
La Secretaría General, donde se desempeña, está encabezada por Federico Garza Herrera, a quien la propia López Ponce lo habría acusado de discriminación. Esto generó dudas entre la comunidad estudiantil sobre la transparencia en el proceso de contratación.
Aunque este caso ha captado la atención mediática, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria han señalado que no es un hecho aislado. Denuncian que es recurrente que exlíderes de la FUP, así como consejeros de facultades y otros perfiles relacionados con la gestión estudiantil, utilicen sus vínculos para asegurar empleos dentro de la universidad.
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