Tras realizar una mega manifestación, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, exigieron ante la Defensoría de Derechos Universitarios una universidad libre de violencia, esto luego de que se hiciera público un caso de agresión sexual en contra de una estudiante de dicha facultad, perpetrado, según las denuncias, por tres alumnos y una persona externa a la institución.
Tras realizar paros de vialidad en distintos puntos de la ciudad, los manifestantes extienden las siguientes exigencias para la máxima casa de estudios:
Número uno: la destitución inmediata de los representantes de la Federación Universitaria Potosina en la Facultad de Derecho.
Por su opción, omisión y encubrimiento ante el caso de abuso denunciado, así como por su utilización política del cargo en perjuicio de las y los estudiantes.
Número dos: Asunción de responsabilidad institucional por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en especial de la dirección de la facultad y de la defensoría de derechos universitarios por su falta de actuación efectiva, su revictimización y la ausencia de protocolos con perspectiva de género.
Número tres: implementación urgente de un protocolo integral de atención de acompañamiento y sanción ante casos de violencia, hostigamiento y acoso dentro de la universidad con participación activa de colectivas feministas, personal capacitado y especialistas externos independientes.
Número cuatro: transparencia en los procesos disciplinarios y rendición de cuentas públicas sobre de las acciones adoptadas frente al caso denunciado, incluyendo la sanción a quienes resulten responsables por acción u omisión.
Número cinco: garantías de seguridad y no represalias para la compañera afectada, sus acompañantes y personas que participen en la denuncia o en las movilizaciones.
Número seis, formación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género para todo el personal docente, administrativo y estudiantil de la Facultad de Derecho. como media como medida preventiva y transformación institucional.
Número siete: espacios seguros y mecanismos de representación legítimos donde las y los estudiantes puedan deliberar y organizarse sin coacción ni mediación de estructuras verticales como la FUP.
Fueron recibidos por Magdalena González, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en el Edificio Central de la UASLP, quien recibió el pliego petitorio y les aseguró que la máxima casa de estudios realizará las acciones necesarias para garantizar los derechos de los estudiantes.
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