Los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) continuarán con el paro de actividades, bloqueos y la toma de instalaciones universitarias en exigencia de justicia para una estudiante de la Facultad de Derecho que fue agredida sexualmente dentro del campus por tres compañeros y una persona ajena a la institución.
El movimiento estudiantil, que comenzó el lunes con manifestaciones en el Centro Histórico y en las facultades de la capital, ha sumado el respaldo de prácticamente todos los campus de la zona. Los jóvenes aseguran que las medidas adoptadas por las autoridades universitarias, entre ellas la renuncia del director de Derecho, Germán Pedroza Gaitán, y de la defensora de Derechos Universitarios, Magdalena Beatriz González Vega, no son suficientes para garantizar justicia ni evitar que hechos similares se repitan.
De acuerdo con los estudiantes, su principal exigencia es que los presuntos agresores sean expulsados y sancionados conforme a la ley, además de que se apliquen medidas efectivas de prevención y atención a la violencia de género. Reclaman también la salida de representantes de la Federación Universitaria Potosina vinculados con el caso y la creación de mecanismos claros de protección para la comunidad universitaria.
A pesar de las afectaciones viales y la suspensión de clases, los manifestantes insisten en que las protestas son pacíficas y que permanecerán en los planteles el tiempo que sea necesario. Señalan que el cierre de calles y facultades es la única manera de visibilizar su demanda ante la falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades.
La sociedad potosina mostró solidaridad y apoyo a los estudiantes, con la entrega de alimentos, cobijas y agua en los centros de acopio instalados en las facultades, principalmente en Derecho, desde donde se distribuyen suministros a otras áreas universitarias. Los alumnos también han organizado guardias nocturnas para mantener el control de las instalaciones y evitar la intromisión de actores externos que busquen politizar el movimiento.
Alumnos aseguran que la crisis evidenció la falta de protocolos eficaces de atención a víctimas y de perspectiva de género dentro de la universidad. Por ello, demandan capacitaciones obligatorias para docentes y alumnos, así como una revisión integral de las políticas institucionales de seguridad.
Las tomas y bloqueos continuarán de forma indefinida hasta que la UASLP y las autoridades civiles muestren avances reales en las investigaciones y atiendan las peticiones del movimiento, que busca garantizar que la máxima casa de estudios vuelva a ser un espacio seguro para toda su comunidad.
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