
El Gobierno de España ha anunciado un plan de reparación para las víctimas de abusos en la Iglesia, que incluye indemnizaciones y un acto de Estado de reconocimiento, independientemente de si los casos han prescrito o no.
El plan se extenderá desde 2024 hasta 2027 y sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo y se centra en cinco ejes de actuación: reconocer y reparar, atender a las víctimas, prevenir, formar y sensibilizar, así como informar e investigar.
El Ejecutivo confía en que la Iglesia asuma el coste de las indemnizaciones y está manteniendo conversaciones con la Conferencia Episcopal Española (CEE) en este sentido.
El plan se basa en el informe del Defensor del Pueblo, que cifró en un 1,13% de la población adulta el número de víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, lo que equivale a unas 440.000 personas. Bolaños ha señalado que estas cifras son «muy altas» y deberían tener un gran impacto.
El plan también incluye la creación de una comisión integrada por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas, y buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones. Además, el Gobierno reforzará el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no prescriban y se amplíe la responsabilidad civil.
Sin embargo, no hay cifras oficiales sobre el número de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, y las cifras del Defensor del Pueblo son estimaciones basadas en la investigación realizada. Los abusos se prolongaron en el tiempo y las víctimas, en su mayoría, eran menores.