Desde el 9 de enero comenzó en México el proceso obligatorio para vincular todas las líneas telefónicas móviles a una persona física o moral, como parte de una estrategia nacional para combatir fraudes, extorsiones y otras actividades ilícitas que se realizan a través de llamadas y mensajes.
La medida se sustenta en los nuevos lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los cuales establecen que cada línea deberá asociarse a una identificación oficial, principalmente la credencial para votar y la Clave Única de Registro de Población. La información será resguardada por las propias compañías telefónicas, como ya ocurre con los servicios de pospago.
El registro aplica tanto para líneas de prepago como de pospago y no contempla el alta de equipos físicos, sino exclusivamente del número telefónico. En el caso de las líneas adquiridas antes de la entrada en vigor de la disposición, se otorgó un plazo de 120 días hábiles para completar el trámite.
Las principales empresas de telefonía móvil ya definieron sus calendarios de vinculación, los cuales concluyen entre el 26 y el 30 de junio. Durante este periodo, los usuarios recibirán notificaciones constantes para recordarles la obligación de realizar el registro.
De no cumplirse con la vinculación, las líneas serán deshabilitadas, limitando su uso únicamente a llamadas de emergencia, mensajes de alerta y contacto con el proveedor del servicio. No obstante, las líneas podrán reactivarse posteriormente si se completa el proceso conforme a la ley.
El nuevo esquema también establece un límite de hasta 10 líneas registradas por persona física, mientras que las empresas y personas con actividad empresarial quedan exentas de esta restricción. Aunque la CURP biométrica ya se encuentra en funcionamiento, su uso no es obligatorio para este trámite.
Con esta medida, las autoridades buscan fortalecer el control sobre el uso de las telecomunicaciones y cerrar el paso a delitos que afectan a millones de usuarios en el país.
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