“Con la cuchara grande” se despacharon los magistrados del Poder Judicial de San Luis Potosí y del Consejo de la Judicatura pues, de un momento a otro y sin mayores explicaciones, entregaron una treintena de bases para sus amigos, familiares y recomendados, lo que se asumiría como un presunto pago de favores.
De acuerdo con diversas versiones, en los últimos meses y luego de intensas negociaciones con los sindicatos de burócratas, trascendió que el Poder Judicial aprobó la basificación de 30 trabajadores, sin embargo, al momento de revisar con detenimiento los perfiles, se confirmó que se trata de personas que tienen poco tiempo trabajando en la institución o que tienen relaciones cercanas con los propios magistrados.
Señalan que los principales involucrados en este tema son los integrantes del Consejo de la Judicatura; Olga Regina García López, Huitzilíhuitl Ortega Pérez, Diana Isela Soria Hernández y Jesús Javier Delgado Sam quienes, sin mayor explicación, autorizaron la entrega de las bases aprovechando que en Gobierno del Estado y hasta en el Congreso se dieron fenómenos similares en las semanas recientes.
Fuentes internas del propio Poder Judicial insisten en que, a la fecha, la institución se ha convertido íntegramente en un recinto de burócratas donde todos demandan trabajar bajo el amparo de los sindicatos, con horarios de lujo y prestaciones excesivas que han sido otorgadas de forma indiscriminada por los magistrados.
Tanto ha crecido la nómina el número de burócratas en el Poder Judicial y en el Consejo de la Judicatura que fue necesario el arrendamiento de un nuevo edificio en donde, a los favoritos, se les entregaron amplias oficinas y lujosas instalaciones con la supuesta intención de que puedan brindar un “servicio de calidad” a los potosinos.
Curiosamente y aunque se cuenta con más personal, el Poder Judicial enfrenta un rezago tremendo luego del abandono en que permaneció durante casi un año, al inicio de la pandemia.
