Para nadie es un secreto que, en San Luis Potosí y su zona metropolitana, una de las tantas razones por las que no se puede mejorar el servicio del agua potable es por las miles de tomas clandestinas que existen, es decir, usuarios que están conectados a la red de distribución y que consumen el vital líquido en abundancia, pero que se niegan a pagarlo o se excusan en que el agua es un derecho y que, por eso, ni el Interpas ni nadie, les puede cortar el servicio.
En muchísimas ocasiones, el organismo operador de la capital, Soledad, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos, el Interapas, por instrucciones del Congreso del Estado, ha creado las condiciones apropiadas para que los ciudadanos que se encuentran en estatus irregular acudan ante las autoridades competentes y se regularicen, pero adivinen cuántos lo han hecho… «¿Pa qué me regularizo si puedo seguir teniendo agua gratis?» parece ser la respuesta de muchos.
Hay fraccionamientos enteros que, por evidentes actos de corrupción, jamás se regularizaron, pero sí se conectaron a la red. Un caso muy sonado es Villa Magna que, desde hace más de una década, goza del servicio, pero nomás no quiere regularizarse. Así, sus habitantes demandan mejoras en la red y reclaman cuando hay fallas en el suministro, pero cuando se les pide que paguen, se hacen como que la mismísima Virgen de Guadalupe les habla.
Según se sabe, restan unos meses del programa que el Congreso autorizó para que el Interapas regularice a todos aquellos usuarios que permanecen en la clandestinidad, pero, dados los antecedentes, se duda que haya buena respuesta. No sé a quién se le ocurrió, pero me parece fantástica la idea; recordarle a los usuarios que tienen tomas clandestinas y que deben cumplir con la ley es preciso, pero los quejosos, los mismos que no han pagado el agua en décadas, ahora se quejan de terrorismo, se dicen víctimas, que están siendo agredidos, que se vulneran sus derechos ¡Par favar!
Qué conchudo y descarado se debe ser para, primero, negarse a regularizar un servicio que disfrutas con plenitud y, segundo, decirte víctima cuando es claro que están infringiendo la ley. Muchos se cuelgan de que no les pueden cortar el agua y bajo esa idea prefieren seguir en la clandestinidad. El Congreso del Estado, creador de leyes, debe atender estos temas con urgencia. El derecho al agua existe, pero no a tenerla en su casita de a gratis.
Cavilaciones:
Primera: El gobernador Ricardo Gallardo Cardona está pensando seriamente en hacer cambios en, por lo menos, tres secretarías del Gobierno del Estado. Hay varias que sirven para nada y para pura nada, pero que han sobrevivido a todo. Cuando mucho los reciclan o los enrocan si cometen errores u omisiones. Que se haga una limpieza a fondo ¡Miau!
Segunda: Cuentan, contratistas con mucho coraje e impotencia, que los presidentes municipales, todos, andan pidiendo comisiones (moches) del 25, 50 y hasta 75 por ciento del costo de las obras. ¿Y el IFSE? bien gracias. Podrido desde hace varias legislaturas, cambió la cabeza, pero la estructura es la misma, parientes, queridas, y socios de exdiputados. No hay auditor pobre, dicen. La mayoría no podría costear con su salario, la vida de lujos que llevan ¡Grrrr!
Tercera: En Villa de Pozos, la cosa está que arde. Resulta que el secretario del Ayuntamiento, René Oyarvide, no se para a trabajar ni por equivocación y, cuando lo hace, se enfada porque nadie lo conoce y, obviamente, nadie le da ni siquiera el saludo. Otro personaje zanganoso es Maribel Lemoine, la señora salió buena, pero para cobrar puntualmente su quincena y uno que otro moche por chambas que hace aprovechando su influencia como concejal regidora. Pobre Pozos, ya no ve lo duro, sino lo tupido con tanta ineptocracia.
