El narcobloqueo registrado el pasado viernes en Zacatecas encendió las alarmas en toda la región. No se trata de un hecho aislado, sino de una muestra más del deterioro en la seguridad de un estado vecino que comparte con San Luis Potosí rutas, vínculos económicos, relaciones familiares y una frontera amplia y por demás vulnerable. Los vehículos incendiados, las carreteras tomadas y la evidente coordinación de grupos criminales revelan un patrón que ya no se circunscribe a una entidad, es una amenaza compartida que puede extenderse, si no se actúa con anticipación, hacia el territorio del Potosí.
Durante el fin de semana, mientras Zacatecas intentaba recuperar la normalidad, en San Luis Potosí también se vivieron episodios inquietantes; por ejemplo, un taxista fue atacado a balazos en la colonia Rivas Guillén, en Soledad de Graciano Sánchez, un hecho que aunque pudiera parecer aislado, se suma a una serie de incidentes que han venido ocurriendo con preocupante frecuencia en la zona metropolitana. Robos violentos, ejecuciones y ajustes de cuentas comienzan a configurarse como una cadena de sucesos que no pueden ignorarse ni minimizarse.
Los especialistas en seguridad saben bien que la violencia criminal no respeta límites administrativos. Cuando un cártel es presionado en un estado, busca refugio, rutas y nuevos espacios de operación en el vecino. San Luis Potosí se encuentra precisamente en ese corredor de transición, entre el Bajío, Zacatecas y Tamaulipas, y eso lo convierte en un territorio de alto interés para las organizaciones que disputan el control del tráfico de drogas, armas y migrantes. Los hechos de Zacatecas deben leerse, por tanto, como un espejo anticipado de lo que podría repetirse aquí si no se refuerzan las estrategias de contención y prevención.
El escenario adverso no es hipotético; si los grupos criminales encuentran debilidad institucional o descoordinación entre corporaciones, podrían replicar los bloqueos carreteros, ataques a unidades de transporte, secuestros exprés o enfrentamientos como los que en los últimos meses han paralizado regiones completas del norte del país. Además, el miedo y la percepción de inseguridad generan efectos económicos inmediatos como la disminución del turismo, se frena la inversión y se altera la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
Resulta urgente que San Luis Potosí adopte una política de blindaje integral. No basta con desplegar más patrullas o anunciar operativos esporádicos. Se requiere una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, con mecanismos de inteligencia compartida, mapas de riesgo actualizados y vigilancia prioritaria en los tramos carreteros que conectan con Zacatecas. También es indispensable fortalecer las capacidades municipales, muchas veces rebasadas, y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad.
La prevención social de la violencia debe volver al centro de la agenda pública. Los jóvenes que hoy son presa fácil del crimen organizado necesitan alternativas reales; educación, empleo digno, cultura y deporte. No hay blindaje más sólido que el tejido social. Si el Estado sólo reacciona cuando los ataques ya ocurrieron, el costo será alto y, como en Zacatecas, la violencia se volverá parte del paisaje.
San Luis Potosí aún está a tiempo de evitarlo. Las señales son claras y recientes: el fuego en las carreteras de Zacatecas y las balas en nuestras colonias no son sucesos desconectados. Son síntomas de un problema regional que exige acción inmediata, coordinación real y una estrategia de seguridad que mire más allá del parte policiaco del día. Ignorarlos sería, simplemente, dejar la puerta abierta al mismo infierno que hoy arde a unos cuantos kilómetros de distancia.
Cavilaciones:
Primera: La Comisión Estatal del Agua y la CONAGUA andan bien norteadas; anunciaron que buscarán rescatar la miniplanta tratadora ubicada en Escalerillas, municipio de la capital. No saben ni donde están parados, no han movido un dedo para resolver el tema de las plantas tratadoras del Tanque Tenorio y el Morro y no han podido arreglar en siete años los abusos de Aquos con El Realito. Pascual Martínez, titular de la CEA, está convertido en otro fracaso del gallardato en esa dependencia.
Segunda: Parece que, en los Parques Tangamanga, el director, Joaquín García, «El Charro», no puede con el mantenimiento. No logra mantener limpios los baños ni controlado el crecimiento de pasto y mala yerba, pero, lo más grave es, sin duda, que cada vez más árboles están enfermos sin que se atienda la causa.
Tercera: En el partido Morena ya andan bien locotes con sus campañas de futuro. Desde hace algunas semanas, despliegan páginas que pretenden hacer pasar como medios de comunicación. Sólo les falta su Lord Molécula ¡Miau!
