Los estudiantes de la Universidad Intercultural de Matehuala se encuentran en medio de una situación grave que pone en riesgo no sólo su integridad académica, sino también su seguridad personal. Las amenazas directas que han recibido del rector, Jesús Valencia Celaya, y de la directora de Derechos Humanos del Ayuntamiento, María Fernanda Medellín Cázares, son inaceptables; les han advertido que podrían ser reprobados, expulsados o perder sus becas si continúan con sus protestas y su exigencia de justicia. Incluso se ha denunciado la existencia de supuestos “grupos de choque” dispuestos a intimidar a quienes defienden sus derechos.
Estos actos constituyen un abuso de poder que vulnera de manera directa los derechos fundamentales de los estudiantes. La intimidación y las amenazas no tienen lugar en una institución educativa, cuyo deber principal es formar ciudadanos libres, críticos y responsables. Frente a esta situación, los alumnos han respondido con valentía, organización y solidaridad. Han denunciado públicamente los hechos, se han unido en protesta pacífica y han solicitado la intervención de autoridades estatales y federales para garantizar que se respeten sus derechos y que su seguridad no corra peligro. Su unidad demuestra que no se trata de un grupo aislado, sino de toda una comunidad comprometida con la defensa de la dignidad, la transparencia y la justicia dentro de la universidad.
La actitud de las autoridades universitarias y municipales, por el contrario, refleja un ejercicio del poder que confunde autoridad con intimidación y amenaza. Que el rector de una universidad y una funcionaria de Derechos Humanos ejerzan presión sobre jóvenes que simplemente buscan hacer valer sus derechos es una contradicción flagrante, pues quienes deberían proteger y garantizar derechos, en este caso los vulneran. Es obligación de estas autoridades rendir cuentas de manera inmediata, abrir los expedientes pertinentes, transparentar los hechos y garantizar que las amenazas y presiones cesen de manera definitiva.
Una universidad no puede ni debe ser un espacio de miedo. Debe ser un espacio de aprendizaje, diálogo, crítica y respeto. La lucha de estos alumnos no es solo una defensa de sus derechos individuales, sino un ejemplo para toda la sociedad: demuestra que la unidad, la conciencia y la valentía pueden enfrentar incluso las prácticas más autoritarias. Los estudiantes están defendiendo principios que trascienden su propia situación: defienden la integridad de la institución, la educación como derecho fundamental y la certeza de que la autoridad debe servir, proteger y garantizar derechos, no imponer miedo.
Este caso en Matehuala es un recordatorio urgente de que la educación pública requiere autoridades comprometidas con la justicia, la transparencia y el respeto a la dignidad de quienes confían en ella. Los estudiantes han demostrado que la fuerza de la razón, la solidaridad y la acción pacífica pueden sostener la justicia cuando la autoridad olvida su deber. La comunidad universitaria merece no solo palabras de apoyo, sino medidas concretas que aseguren su seguridad, respeten sus derechos y restauren la confianza en una institución que debe ser faro de conocimiento, libertad y responsabilidad cívica.
Cavilaciones:
Primero: El diputado Tomás Zavala trae una campaña de cantina contra el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez. Asegura que le compró una camioneta Cadillac y dos caballos y que, a cambio, le dará la candidatura a la presidencia municipal de Matehuala en el 2027. Dios libre a la gente de la Perla del Altiplano.
Segunda: El diputado federal por el Cuarto Distrito, con cabecera en Valles, San Luis Potosí, Adrián Castillo, anda tan sobrado que, por sus meras pistolas, no se presenta a las sesiones más importantes donde se debaten las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum. A ver si alguien le avisa a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez ¡Ah! Y que también le digan que es su hermana Rita quien lo trae bien distraído ¡Miau!
Tercera: En la Huasteca Potosina están reportando el masivo robo de ganado, unas 400 cabezas según versiones de la Unión Ganadera. Los roba vacas aprovecharon la crisis por la contingencia derivada de las lluvias y se llevaron los animales. Algunos son destazados y abandonados en caminos, en algunos casos venden la carne en los mercados y tianguis. Los ganaderos piden auxilio al gobernador, Ricardo Gallardo, pero piden que, por amor de Dios, no les mande al ignorante secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Jorge Salinas ¡Servidos, amigos huastecos!
