En marzo pasado, México se estremeció con el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Más de mil objetos, entre ropa y calzado, además de hornos improvisados, apuntaban a un sitio destinado al exterminio. La escena, digna de una película de horror, reveló la realidad de un país donde desaparecer y deshacerse de cuerpos humanos se ha vuelto una industria sin castigo.
Cuatro meses después, los ecos de ese horror resuenan en Rancho San Pedro, en el Altiplano Potosino. Colectivos de búsqueda encontraron allí restos óseos, ropa de y artículos infantiles, una bata universitaria, prendas de mujer y otros insumos que, por sí mismos, generan suma preocupación.
La respuesta oficial ha sido tibia, cuando no, francamente evasiva. La Fiscalía de San Luis Potosí se apresura a minimizar: “un solo hallazgo”, “una fosa”, “no es un campo de exterminio”. Pero, ¿quién define el horror? ¿La cantidad de cuerpos? ¿La sistematicidad del crimen? ¿O el abandono estructural que ha permitido que estos sitios florezcan, como plagas, por todo el país?
Esto no es sólo una falla del Estado: es una advertencia. Los campos de exterminio no aparecen por generación espontánea. Son el resultado directo de una política de desapariciones toleradas, de fiscalías que no investigan, de presupuestos raquíticos para la búsqueda y de una sociedad que prefiere no mirar. De muchos gobiernos que, durante sus gestiones, no hicieron nada.
No se debe olvidar que el gobierno de Fernando Toranzo comenzó con cuatro jóvenes desaparecidos, mismos que formaron parte de su equipo en campaña y que, apenas inició la administración, nada se supo de ellos. Con Juan Manuel Carreras las cosas no fueron tan diferentes, fosas en Venado, Moctezuma, la Zona Media, Villa de Reyes, por todos lados proliferaron estos escenarios de horror. En ambos casos, nadie hizo nada.
El hallazgo en Rancho San Pedro debe encender todas las alarmas. No sólo por lo que se encontró, sino por lo que representa: la posibilidad latente de que existan muchos otros lugares así. Terrenos usados para torturar, ejecutar y desaparecer personas. Y lo peor: con conocimiento o complicidad de autoridades. Sobre todo, porque este rancho se ubica en Matehuala, donde ya hay graves antecedentes de campos de concentración y explotación de migrantes.
Hoy, más que nunca, urge una política nacional de identificación forense robusta, protocolos de búsqueda con enfoque humanitario y recursos para colectivos que han hecho, con sus manos y su dolor, el trabajo que las autoridades han evadido.
Cavilaciones:
Primera: El gobierno de Donald Trump anunció la aplicación de un impuesto del 17 por ciento a los tomates mexicanos. Los productores potosinos exportan casi toda su producción a EUA y Canadá. La medida, sin duda, afectará seriamente a todos, incluidos los invernaderos de Santa Rita y El Huevo que opera el Gobierno del Estado. Como dicen en gatolandia «Sigue la mata dando».
Segunda: El próximo jueves vienen a San Luis Potosí los mandamases del PAN, Jorge Romero, dirigente nacional; Karen Michel González Márquez, senadora y secretaria general del Comité Nacional; Ricardo Anaya Cortés, senador y coordinador de senadores, además de Santiago Taboada Cortina, secretario nacional de Acción Política. Los distinguidos panistas vienen a la toma de posesión de la reelecta dirigente, Verónica Rodríguez. De pena ajena las instalaciones donde los recibirán. Por fuera y por dentro, el Comité Directivo Estatal es una especie de pocilga. A ver si, de menos, le dan una manita de gato al salón donde está programada la reunión. Esa es la mala. La peor; ¿Podrán venir a desgañitarse Anaya y los Romero si la dirigente fue electa en una porqueriza de proceso electoral? ¿Serán capaces? ¡Miau!
Tercera: Severos daños causó una tormenta que se registró anoche en Matehuala. Las afectaciones son graves. A ver si alcalde, Raúl Ortega. reacciona.
